Los anti – derechos intentan frenar un no punible
Por Tofi Mazú
Una joven de 14 años con un retraso madurativo llegó al Hospital Rawson de San Juan, tras haber sido violada por el dueño de las tierras que trabajan ella y su familia, para practicarse un aborto no punible. El suyo sería el primer aborto legal según el Código Penal que se practica en la provincia.
Cuando estaba por ingresar a quirófano, la camilla fue interceptada por militantes anti – derechos, que se habían infiltrado en el edificio tratando de impedir la intervención. Al mismo tiempo, llamaron a la Justicia para que interviniera.
El apoyo social que el movimiento de mujeres conquistó para la pelea por el aborto legal hizo que los profesionales que la atendían no se dejaran intimidar por las bravuconadas de los celestes. Sin embargo, uno de los médicos denunció a los ginecólogos que llevaron adelante la práctica ante el fiscal Daniel Galvani.
Los reaccionarios pretenden permanecer en escena, dejando en claro que no les importa salvar ninguna vida. Lo único que les preocupa es que las mujeres no puedan decidir sobre el propio cuerpo. Intentar que una mujer discapacitada geste y críe al producto de la violación perpetrada por su patrón es una atrocidad mayúscula que solo condenaría a esta niña a sufrir de por vida.
Esto demuestra que la pelea sigue abierta y que el activismo feminista deberá estar presente para garantizar cada no punible solicitado y defender también con la movilización a las médicas y médicos que toman la tarea de salvar a estas mujeres de la maternidad obligada. Debe estar con toda la fuerza, para impedir que se persiga y se lleve ante la Justicia patriarcal a estos profesionales y mujeres; y para exigir la destitución de todos los jueces y funcionarios que obstaculicen o penalicen el acceso a las interrupciones legales del embarazo contempladas en nuestro Código Penal.