? Presentación del Plan contra la violencia del Ministerio de Mujeres y Diversidad
Un plan de migajas que ni siquiera hace temblar al patriarcado
Por Mesa Nacional de Las Rojas
El viernes 3 de julio el Ministerio de Mujeres y Géneros presentó con bombos y platillos el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por motivos de Género (2020-2022). Este plan se desprende de la Ley Nacional de Violencia 26485. Todos los gobiernos (desde la creación de la Ley en 2009) han publicado uno o más planes. Pero esto nunca ha resultado en una mejora en relación a la política del Estado para combatir y erradicar la violencia. En la conferencia de prensa la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, junto a Dora Barrancos, estaban tan entusiasmadas presentando el “cambio de paradigma” y el “cambio de época”, que Alberto Fernández dijo muy alegremente que con este plan su gobierno estaba anunciando “el fin del patriarcado”.
Globalmente, se trata de un “plan” que lejos de implicar el fin del patriarcado, y escondido detrás del anuncio de creación de “más de 150 acciones”, trae consigo el intento de desarmar definitivamente al movimiento feminista en tanto movimiento de lucha y convertir a una parte del activismo en aplaudidoras de este gobierno, a través de puestitos en el Estado, subsidios y programas. Es lo mismo de siempre, reparto de cargos para la facción gobernante.
La primera señal de alarma que deja este anuncio es ¿por qué no hicieron nada en estos más de cuatro meses de cuarentena, medidas sencillas y que hubieran redundado en resolver problemas concretos para las mujeres concretas? Como por ejemplo, habilitación de hoteles y viviendas ociosas para albergar a mujeres, niñes y diversidades que tuvieran que salir del hogar violento.
En segundo lugar, es un plan que deja por fuera dos cuestiones centrales: no hay aborto legal y no hay ESI obligatoria con perspectiva feminista, científica y laica.
Sin aborto legal, no hay final del patriarcado
Lo primero que queremos mencionar es un detallecito que trajo a colación el presidente el día de la presentación. En tono jocoso, dijo públicamente que le habían tocado “el default, la pandemia y el fin del patriarcado”, y así nomás se arrogó (él y su gobierno) el fin de la opresión contra las mujeres y la diversidad.
Lo que en verdad llama la atención, o la indignación, es que tenga el tupé de insinuar que el patriarcado se terminó, aun cuando somos miles y millones las mujeres y personas gestantes que no podemos decidir sobre nuestro cuerpo y nuestro destino; aun cuando son cientas las mujeres y personas gestantes que mueren en la clandestinidad del aborto; aun cuando niñas de todo el país, son obligadas a ser madres, después de haber sufrido una violación; aun cuando se procesa penalmente a quien se involucre con la práctica del aborto, como denuncian las compañeras de Santiago del Estero.
Pero claro, si Alberto Fernández se enteró del drama que es la ilegalidad del aborto en nuestro país de casualidad, pasando por la puerta del salón donde se presentaba el libro Belén…¡¡recién en noviembre de 2019!!
El problema de la ilegalidad del aborto no aparece ni una sola vez en toda la redacción del texto. Y aunque se quiera argumentar que “no es lo específico” de este Plan, nos vemos en la obligación de señalar que no hay posibilidad de hablar de erradicar la violencia, si el aborto es ilegal.
Pero entendemos, esto exigiría que el gobierno dé explicaciones de por qué se niega constantemente a tratar y aprobar el Proyecto de Ley de la Campaña. Por qué en su lugar insiste en presentar un proyecto propio, uno que le permite “amigarse” con verdes y celestes, que no haga enojar a la Iglesia, y que luego de asegurar que 2020 iba ser el año del aborto legal, se lo haya pateado, porque hay otras cosas más urgentes…
Sin ESI no hay cambio cultural
La Ministra en todas sus conferencias, e incluso en la publicación misma, se jactó una y otra vez de un cambio de paradigma. En ese cambio una de las cosas que más fuertemente destaca es la de trabajar en un cambio cultural, como una herramienta para la prevención de la violencia. “Pondremos especial énfasis en políticas de formación y capacitación y en el diseño de campañas culturales de difusión y otras herramientas de promoción de derechos.”
Como perspectiva, o declaración de principios parece muy buena. No trabajar sólo en la emergencia, pelearle al patriarcado las ideas de las y los pibes, prevenir antes que reparar los daños. Y habla de la Ley Micaela, y de formación a instituciones deportivas y gubernamentales, y de la creación de un Programa Nacional de Prevención con el que interpele estereotipos y mandatos culturales… ¡pero ni una palabra de la ESI en la presentación!
¿Van a transformar los mandatos culturales, a revertir la “matriz cultural sobre la que se apoya la violencia con motivos de género” sin hacer ningún cambio en la institución donde toda la población pasa sus primeros 15 o 17 años de vida, la escuela? ¿Piensan hacer un cambio cultural dejando en un segundo plano la ESI?!
Si una lee todo el texto, bien al final, en el anexo, puede encontrar como una acción “Colaborar en la efectiva implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, promover acuerdos y lineamientos para la revisión desde la perspectiva de género de los planes de formación docente y la currícula de los distintos niveles y extender a otros ámbitos específicos de sociabilización, además de las escuelas.” Además de ser llamativo el lugar ultra secundario que se le da a la ESI como herramienta para una verdadera transformación cultural, la única actividad que se desprende es la de “Capacitaciones sobre ESI”.
Es cierto que la capacitación docente en ESI es uno de los reclamos que con más fuerza resuenan en los reclamos docentes. El problema aquí está en que no se plantea ninguna perspectiva de obligatoriedad y la jerarquía menor que se le da: desde lo discursivo hasta la cantidad de actividades planteadas alrededor de la ESI, queda bastante relegada.
Evidentemente no es un tema en el que se quiera profundizar. Desde la sanción de la Ley ESI, la aplicación fue una pelea. Ya dijimos muchas veces que la trampa del artículo 5 de la Ley, en que habilita a que los contenidos sean consensuados con la comunidad de cada lugar, le abre la puerta y ventanas a la Iglesia y cualquier ideología reaccionaria. A lo que se sumó que nunca hubo formación a docentes, con materiales acordes, no se incluyó en la Currícula, por lo que siempre estuvo ligado a la buena voluntad y capacitación individual de cada docente, que se dictara o no.
Pero incluso esto quedó viejo. La Marea Verde, las ciento de pibas y pibis que respondieron con pañuelazos a sus colegios católicos cuando les querían obligar a posar con pañuelos celestes, la entrada de esa hermosa y potente juventud a la lucha, le pasó por arriba a aquella Ley. Educación Sexual puede dar hasta la Iglesia (y enseñarnos que el VIH traspasa la porcelana). Lo que ahora se exige es la implementación de Educación Sexual feminista, que enseñe en el respeto, en el disfrute, en el cuidado, ¡en el derecho a decidir! Y que sea con la misma curricula obligatoria en todas las instituciones de enseñanza
La Educación Sexual fue una de las peleas que nos dejó planteadas la pelea por el aborto en 2018, pero se les pasó de largo camino al “fin del patriarcado”.
Un cambio de paradigma… que no se sostiene con las acciones
El texto del plan y los discursos en la presentación hacen hincapié en el cambio de paradigma. Algo que es importante, porque en situaciones de violencia, la prevención, el acompañamiento psicológico, la construcción de redes de contención son fundamentales. Esto es algo que en general no se tiene en cuenta, pero sin lo cual, no hay forma de sostener un proyecto de vida alejada del violento.
Pero en este caso, parece más una forma de justificar el poco presupuesto asignado a la transferencia de recursos económicos directos e indirectos para las víctimas.
En primer lugar, no habrá construcciones de refugios o casas hogares. Como perspectiva principista, esto estaría bien (no hay que encerrar a la víctima, sino al victimario) en otras condiciones. Sabemos que las medidas de protección no funcionan, que están bajo la responsabilidad de las fuerzas armadas y de inseguridad, las mismas que hoy son responsables de la desaparición de Facundo Castro, el fusilamiento de Lucas Verón, el “suicidio” de Magalí Morales en una celda en San Luis.
Para garantizar una primera medida de protección, los refugios son esenciales para mantener con vida a una víctima y su familia. Pero el plan detalla que solo se van a refaccionar algunos existentes y se van a poner a disposición lugares en los hoteles de Chapadmalal y Embalse, aunque no se dice cuántas.
La creación del Programa Acompañar, supone el reacondicionamiento de 12 Centros Territoriales Integrales, que no serían para alojamiento sino para la asistencia. Y también un subsidio extraordinario, por 6 meses de 1 Salario Mínimo Vital y Móvil: hoy está apenas arriba de los 16mil pesos, mientras que la canasta familiar casi trepa a los 50 mil. ¡6 meses para encontrar una independencia económica en un país donde la desocupación arrecia!
Por otro lado, se habla de fortalecer la autonomía económica para ayudar a la construcción de otro proyecto de vida. Lo anunciado hasta ahora es la continuidad del programa “Potenciar Trabajo”, que es la entrega de un subsidio de la mitad del SMVM o una contraprestación. Se otorgará prioridad en el Plan “Argentina Hace”, también de fortalecer y estimular micro emprendimientos. Y se van a otorgar una línea de crédito, y subsidios a emprendimientos económicos.
En ningún lado aparece ni la remota posibilidad de tocar los intereses empresarios, de imponerle a las empresas un cupo para mujeres y diversidad. Que se les prohíba los despidos a personas en situación de violencia. Apenas nombra la Licencia por Violencia, sólo se les va a “recomendar” que tengan protocolos para casos de violencia. ¡Ni de la aplicación obligatoria de Licencia por violencia!
Por último, el Plan plantea el “Fortalecimiento de la Línea 144”: hace referencia a mejorar la tecnología, a articular las Líneas Nacional, PBA y CABA, mejorar la aplicación de georreferencia de las instituciones, incorporar intérpretes, y de incorporación de trabajadorxs. Pero hay un problema que no abordan, que vienen denunciando hace años las trabajadoras, que es la precariedad en la que trabajan. Situación que se agravó drásticamente con la pandemia: trabajan con pestes en los edificios, salarios muy bajos y muchas de ellas con contratos basura. Resolver esto es el primer punto para empezar a avanzar en el fortalecimiento de la Línea: fortalecer a las trabajadoras.
Al final de todo, el cambio de paradigma parece que está más para justificar el pobre presupuesto que se va a utilizar, que una transformación verdadera de la situación de violencia. Porque mientras no se toquen los intereses empresarios, como hasta la misma Hebe de Bonafini salió a exigir, mientras no se expropien a los Vicentín, ni se cobren impuestos a las grandes fortunas, ni ninguna otra medida que verdaderamente afecte a los que más tienen para realizar acciones para el conjunto de las y los trabajadores, la población sin trabajo y las mujeres y diversidad en situación de violencia… todo quedará en gestos y palabrería.
Un plan contra el patriarcado que no cuestiona el rol de las iglesias
La ausencia del derecho al aborto y de la aplicación de una ESI feminista y obligatoria, nos lleva directamente a la relación del gobierno de Fernández con el Papa. En su última visita al Vaticano, un encuentro muy amoroso y cordial, el presidente contó que no habían tocado el tema del aborto porque había otras prioridades. Sospechamos que una de esas prioridades pudo haber sido que Francisco no se enoje con Alberto: “Todos saben cuál es mi posición, que no es en contra de la Iglesia», declaró unos días después en Radio 10.
Al igual que la redacción de la ESI en 2006 fue consensuada con la Iglesia, la gestión de Fernández no está dispuesta a romper las relaciones con esa institución de opresión. No está dispuesto a romper relaciones con quienes hablan de la homosexualidad como una enfermedad, que “perdonan” a las mujeres que abortaron y condena a niñas a ser madres.
La amistad de Fernández con la Iglesia no es menor, no es personal, y tiene consecuencias graves. Por ejemplo, el millonario financiamiento que el Estado hace con la Iglesia Católica, desoyendo uno de los reclamos más fuerte, junto a la pelea por la ESI, que nos legó el enorme proceso de lucha de la Marea Verde: separación de la Iglesia y el Estado.
La alianza del gobierno con el Vaticano, es otra piedra en el camino al final del patriarcado.
Un presupuesto escaso, para una tragedia social gigante
El anuncio del plan incluyó la publicación del presupuesto que se va a destinar para los 2 años que implica su implementación: 18 mil millones de pesos. Esta cifra puede parecer un montón de plata para una trabajadora estatal cuyo salario no supera los 35 mil pesos. Pero, para una política estatal “jerarquizada”, de 2 años de duración, que implica atender los problemas de la mitad de la población, no parece tanto.
Es verdad que resulta bastante difícil mensurar una cifra tan grande, tan alejada de la cotidianeidad de une. Para eso sirven muy bien las comparaciones. Acá vamos.
En el Presupuesto 2019 se asignó al entonces INAM (Instituto Nacional de las Mujeres de Fabiana Túñez) un total de 750 millones de pesos. Claro, los 18 mil millones de Gómez Alcorta aparecen como una carrada de plata lado de esos miserables 750 millones. Pero en ambos casos son pesos. Y pasaron cosas. Como por ejemplo, pasó una inflación fenomenal. Si usamos cualquier calculadora de inflación de las que se pueden encontrar en internet, para llevar esos 750 millones de Túñez a una cifra de diciembre de 2019 (que es lo que se puede calcular, porque todavía 2020 no terminó y no hay dato anual de inflación), resulta que aquel presupuesto de 2017 hoy sería de alrededor de 11 mil millones. Entonces, un poco más de un tercio de aumento de presupuesto para combatir la violencia, no parece ya una cifra exorbitante. Eso sin tener en cuenta que la inflación de medio 2020, todo 2021 y medio 2022 se pueden llevar tranquilamente puesto el “gran” presupuesto de Gómez Alcorta
El Ministerio de Defensa, encargado de llevar adelante las “actividades propias de la Defensa Nacional y las relaciones con las Fuerzas Armadas”, por ejemplo, en su presupuesto 2019 tiene asignada una partida de $102.838.290.570. Esto incluye todo, claro. Infraestructura, vestimenta, salarios. Y es por el plazo de un año. Así de entrada podemos empezar a relativizar los 18 mil millones contra los más de 100 mil millones de Defensa.
Pero además de relativizar la cantidad de plata, es interesante pensarlo en función con las famosas “prioridades” presidenciales. Veamos los números de gasto para pagos de deuda, y salvataje a empresarios.
Por ejemplo, el ATP (el subsidio a las empresas para pagar los salarios de los y las trabajadores bajo extorsión de despido) es de 45 mil millones de pesos… ¡¡¡por mes!!!
En Marzo el gobierno pagó 178 mil millones de pesos, en intereses de Leliq, en la maldita bicicleta financiera con la que se siguen enriqueciendo los ricos. Y en Mayo le pagaron 320 millones de Dólares en interés al FMI. Sí, dólares.
Para eso hay que ir a la parte más importante del documento del MMGyD, que no son las 150 páginas de discurso, sino que inteligentemente aparecen recién en el Anexo.
Por otra parte, hay que analizar cómo se va a distribuir el presupuesto según el Plan. La parte más importante se la van a llevar las acciones contenidas en el Eje Prevención. Sin duda es conquista del movimiento que se implementen campañas de capacitación en todos los niveles del Estado, y que se destine presupuesto para hacer campañas masivas en todos los medios de comunicación contra las violencias.
Pero el presupuesto destinado a refugios, viviendas y planes serios para que las mujeres y la población lgttbi puedan salir de la violencia, brilla por su ausencia. Ver estas cifras nos permite poder figurarnos un poquito qué presupuesto en verdad se destina a combatir la violencia, pero sobretodo cuáles son las verdaderas prioridades de este gobierno: el FMI, los bonistas y empresarios.
¿Este plan es una conquista?
La “jerarquización” del Instituto Nacional de las Mujeres a Ministerio, fueron gratamente aplaudidos por un sector importante del movimiento feminista. La mismísima Ministra habla y se jacta de ser parte de una lucha, que lleva años. Es una respuesta evidente al clamor de las luchas en nuestro país, que anda gritando por todas partes que la agenda del movimiento de mujeres debe ser considerada principal. Sin embargo, el plan de acción contra la violencia muestra un conjunto de micro propuestas de carácter paupérrimo, que concede pequeñas reivindicaciones pero no cambia ningún paradigma. Sin trabajo genuino, plan de viviendas, hogares de tránsito, ESI obligatoria, y aborto legal, las campañas de difusión, o reforzamiento de líneas y programas, se constituyen solamente en un un poco más de la misma medicina de siempre: relegar las necesidades de les oprimides, para no tocar los intereses de los acreedores de la deuda, los patrones, y las iglesias.
Muchas de las activistas con quienes hemos compartido asambleas, o incluso movilizaciones, hoy ocupan cargos en el Estado, en el Estado capitalista y patriarcal. “Cambiarlo desde adentro” dicen muchas, aunque lo que termina cambiando son sus discursos de denuncia, para transformarse en discursos de justificación. Esas mismas activistas y sus organizaciones son las que abandonaron la idea de la asamblea del 8 M y vaciaron las posteriores. Para ellas ya no hay que marchar, reclamar, exigir; ahora el lugar del movimiento es el de acompañar el proyecto. Y son las mismas que en medio de la cuarentena salieron con un documento de apoyo al gobierno y al pago de la deuda externa… dándole la espalda a un movimiento que ha sabido movilizarse tantas veces expresando su repudio al FMI y al pago de la deuda.
Lo que estamos viviendo hoy no es nada distinto. Incluyen en sus discursos conceptos progres de atención a violencia, hablan de estrategias estructurales, de un enfoque colectivo y preventivo, hablan de la lucha y del feminismo. Le hablan a todes, y nos prometen el fin del patriarcado. Pero al día de hoy seguimos con un Ministerio sin presupuesto aprobado, con el aborto ilegal, niñas obligadas a ser madres, un femicidio o trans travesticidio cada 27 hs, y sin ESI feminista obligatoria. Y si hoy contamos con la publicación (aún falta la implementación) de un Plan de trabajo a 2 años, es porque la fuerza del NiUnaMenos impone en la agenda de un gobierno burgués amigo de la Iglesia que dé respuestas a esta barbarie.
Por eso decimos que institucionalizan el discurso del movimiento de mujeres, pero borrando el rol protagónico del movimiento de lucha, en la obtención de cada una de nuestras conquistas. En el apartado de “antecedentes” se citan todas las leyes promulgadas, desde el sufragio hasta la actualidad. Una chorrera de leyes, que simplemente fueron votadas por, aparentemente, senadores y diputados con muy buena voluntad. En ningún momento se habla de los procesos de lucha, por abajo, que gestaron esas leyes.
Es particularmente llamativo, cuando leemos sobre la aprobación en Diputados del Proyecto de la Campaña, sin una mención a la Marea Verde, a los pañuelazos, a les miles de pibas y pibes que se plantaron en sus escuelas, a la vigilia helada. Nada.
Se menciona el Fallo FAL, que fue un enorme avance para pelear los protocolos de abortos no punibles, y nada sobre las movilizaciones en las puertas de Hospitales y Casas de la Provincia para denunciar cada vez que obligaban a una niña ser madre. Uno meses antes del Fallo FAL, fuimos parte de una movilización enorme, que de alguna manera inauguró el proceso ascendente por el derecho al aborto, al cumplirse 1 año que el gobierno de Cristina Kirchner dejara caer en el olvido el proyecto de ley de la Campaña (a esa movilización fuimos alrededor de 5 mil compañeras y compañeres, algo inédito hasta ese momento).
Por último (sólo para citar algunos ejemplos, pero hay tantos más), ¡no aparece ni una sola vez el enorme movimiento NiUnaMenos! En 2015 la sociedad se conmovió hasta el infinito por el femicidio de Chiara Páez; movilizamos medio millón de personas, sólo en la CABA. La lucha contra la violencia y los femicidios tenía su historia, pero ese fue un hito de masificación, en el que gran parte de la sociedad tomó ese problema como propio. De ahí en más tuvimos asambleas de centenares, movilizaciones de cientos de miles. Pero sobre todo, se logró imponer que la violencia de género es un problema social, al que el Estado y los gobiernos de turno tienen que dar respuesta.
Nada de esto es mencionado ni por el presidente ni por la Ministra. Es todo parte del mismo operativo de cooptación, barrer debajo de la alfombra que ningún gobierno regala nada, todo hay que pelearlo. Alberto comenzó su gestión hablando de “despenalización del aborto”, y la presión lo tensó hasta tener que presentar un proyecto de legalización. Si no hay lucha, no hay conquistas.
Un plan a medida del neoliberalismo
Pero el intento por parte del gobierno de desmontar al potente movimiento de feminista y de lucha, no es sólo con palabras. También hay plata. Con esto no queremos decir que se les pague abiertamente a las organizaciones o activistas para que se guarden, no. Es más que eso. Como ya dijimos más arriba, muchas fueron seducidas con cargos estatales, y no con algún trabajo en alguna planta ministerial. Hablamos de cargos.
A lo largo de todo el Plan se puede leer una tendencia a profundizar esa cooptación. Planteado como la necesidad de articular con las organizaciones territoriales se preparan es para financiar sus actividades. A través de la creación del Proyecto Articular, se le transferirán fondos a las organizaciones que soliciten “financiamiento para proyectos vinculados a las líneas estratégicas del Ministerio”.
Este es el viejo plan del neoliberalismo. En los años ’90 fue bien extendida a nivel mundial la política de “financiar” ONGs para “empoderar” a las mujeres a través de proyectos de microemprendimiento y microcréditos. “Los fondos de la fundación [Ford] y la ayuda estatal remodelaron la cultura interna de las organizaciones del movimiento [en los años ’90 en Estados Unidos]. Las discusiones estratégicas más amplias, las campañas más radicales y los programas de educación tuvieron que dejarse de lado en favor de los trámites burocráticos que requieren mucho tiempo para solicitar un estatus no lucrativo, escribiendo descripciones de empleo, contratando seguros y adoptando estructuras pseudo empresariales: director ejecutivo, concejo de administración, contables profesionales, relaciones públicas, recaudadores de fondos, etcétera. Una vez que las militantes se transformaron en funcionarias asalariadas, el miedo a perder su puesto las llevó a un creciente conservadurismo y el aumento de la autocensura. (Una feminista latina, por ejemplo, fue disuadida por los funcionarios de inmigración de denunciar agresiones sexuales o de hacer campaña contra el uso del español en el momento de las elecciones, por temor a perder su estatus de organización sin fines de lucro.)” (en Watkins, Susan. Sobre el feminismo. New left review, n°109, marzo-abril 2018).
La Plataforma de Acción de la cumbre de Pekín de 1995, estableció “una agenda para el empoderamiento de las mujeres” que subrayaba la “importancia de la liberalización comercial y el acceso a mercados dinámicos abiertos” y afirmaba que “la familia es la unidad básica de la sociedad”. “Uno tras otros, los planes de acción de la agenda de género financiada por los países imperialistas, promovió la apertura de cientos de oficinas “de género” en los Estados y cientos de miles de subsidios para ONGs”. (en Watkins, Susan. Sobre el feminismo. New left review, n°109, marzo-abril 2018).
Este tipo de planes persiguen la desmovilización del movimiento. Darle plata a una organización es atarla de pies y manos; es coartar su posibilidad de acción, de denuncia, en definitiva, de lucha. No somos ingenuas y sabemos que ningún gobierno va a financiar a aquellas organizaciones que denuncien, por ejemplo, que se sigue pagando plata al FMI en lugar de triplicar el presupuesto contra la violencia. Así lo vimos después del Argentinazo con los movimientos de desocupados, a los que el gobierno de Néstor Kirchner les dio plata en forma de planes sociales, y los sacó de la calle enseguida.
Lo que verdaderamente hace falta, los pasos para un plan serio que implique avanzar en el camino de resolver las bases de la violencia patriarcal, requieren medidas del tamaño de los problemas: Personal de planta nombrado por concurso y controlados por las organizaciones de mujeres. Trabajadorxs con estabilidad y no ONGS. Las organizaciones sociales trasformadas en tercerizadoras del Estado son un mecanismo que por un lado estatiza el activismo y por otro lado dificulta la construcción de un colectivo diverso de trabajadoras que desarrollen una experiencia a mediano plazo.
Por eso desde Las Rojas defendemos a ultranza la independencia política del movimiento, de las organizaciones y activistas. El estado burgués y patriarcal tiene una y mil maniobras para desmovilizarnos. Y la historia del peronismo tiene mucha experiencia en cooptar y cercenar la lucha desde abajo.
Un Programa para combatir la violencia
Las Rojas sostenemos que un verdadero plan para combatir las violencias tiene que partir de algunos puntos mínimos, que implican destinar real presupuesto. Y sin control de las organizaciones del movimiento, sin integrar el gobierno, no hay verdadero control del plan.
Trabajo Genuino
Anulación del financiamiento estatal a la iglesia y a las escuelas religiosas y utilización de esos fondos para otorgar a las mujeres desocupadas o precarizadas, tengan o no hijos, un subsidio que además de vivir les permita educarse para conseguir un trabajo seguro. Separación de la Iglesia del Estado.
Cupo laboral: plan paulatino de inclusión de mujeres en todas las empresas, en condiciones igualitarias, bajo pena de multas reales y crecientes para los patrones que no lo cumplan.
Lavaderos, comedores y guarderías públicos, gratuitos y de calidad en todos los barrios
Vivienda: Vamos por el “Plan Emancipar” un plan de viviendas destinado a mujeres, para que ninguna tenga que aguantar violencia para no quedar en la calle.
El Estado deberá otorgar vivienda inmediata a las víctimas de violencia.
Educación y Acción inmediata contra la violencia
Educación sexual obligatoria en todo el ámbito educativo, laica, científica y feminista en la escuela pública, orienta-da a condenar la desigualdad de género, desde el jardín de infantes. Formación de lxs docentes en general en esta materia. Cierre de las instituciones que enseñen como buena la sumisión de la mujer al varón.
Expulsión de su cargo de los gobernadores que no acepten la educación sexual pública en sus provincias o mantengan la educación religiosa en la escuela pública.
Destitución de jueces y funcionarios que amparen las redes de trata, a golpeadores, violadores y abusadores de niñes, o nieguen el derecho al aborto no punible.
Cárcel efectiva a los que amenacen o golpeen a mujeres. Refugios estatales en todas las localidades para mujeres en situación de violencia.
Aborto legal, libre y gratuito en los hospitales públicos y obras sociales. Sin objeción de conciencia ni intromisión de los antiderechos. Aprobación del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Protocolo Nacional de para ILE, de aplicación obligatoria en todo el país. Designación de autoridades hospitalarias y personal ministerial comprometido con el respeto del derecho a decidir de las mujeres.
Fuera la Iglesia de los hospitales públicos.
Anticonceptivos gratuitos y de calidad en los hospitales. Programas de capacitación en anticoncepción.