La absolución de las y los imputadas por el caso Marita Verón conmovió a toda la sociedad. Las pruebas aportadas por Susana Trimarco y las víctimas que declararon durante el juicio eran irrefutables. Daban cuenta de nombres, lugares, fechas, modos de acción, con total precisión. Sin embargo, el tribunal desestimó todas estas pruebas. La impunidad garantizada por el gobierno K de Alperovich dejó libres a los responsables.
Novias, ex novias, esposas, ex esposas: rociadas con combustible y prendidas fuego por sus parejas o ex parejas; niñas y jóvenes secuestradas y esclavizadas con fines de prostitución; mujeres, de todas las edades, golpeadas en el ámbito del hogar; trabajadoras acosadas en sus lugares de trabajo, muertas por aborto clandestino, obligadas a prostituirse por proxenetas… son apenas la punta del iceberg de la situación de opresión en la que se encuentra la mitad de la humanidad.
Mujeres secuestradas, golpeadas, drogadas y vendidas como mercancía sexual: uno de los negocios más lucrativos de los últimos años a nivel mundial. Esto es capitalismo siglo XXI. El tercer negocio, después del tráfico de armas y de drogas, es el secuestro de mujeres y niñas para las redes de prostitución, que mueve mundialmente 32 mil millones de dólares al año. Estas mafias incluyen proxenetas, policías, jueces, funcionarios de aduanas…
Estamos a fines de una década que nació iluminada por el fuego de la rebelión popular. El Argentinazo volteó a varios presidentes; la insurrección boliviana de 2003 derribó al régimen más racista de Latinoamérica; el pueblo venezolano, a costa de dos mil muertos, derrotó el golpe de Estado contra Chávez.
El austríaco encerró a su víctima en un sótano con un código electrónico en la puerta. Dijo que ella se había ido con una secta, y le hacía escribir cartas que lo confirmaban. Trajo a la casa a los hijos de la violación más llorones, para que no los descubrieran por el ruido que hacían. Y todo para ocultar su perversión ante los vecinos, la justicia y el resto de la familia. Si hubiera vivido en un barrio pobre de la Argentina, se hubiera ahorrado tiempo y dinero.
El pasado 9 de abril se sancionó en el Congreso una la nueva ley, presentada por Aníbal Fernández, que regula la trata de personas y la asistencia a sus víctimas, pero lejos de ser un paso adelante para los derechos de las mujeres, lo que oculta esta tramposa ley es una forma de legalizar y organizar la trata de mujeres con fines de explotación sexual.
Ana María acaba de morir en Santa Fe. El Estado K le negó el aborto terapéutico necesario para tratar su cáncer, y le negó el tratamiento para el cáncer porque estaba embarazada. Su muerte provocó indignación en Santa Fe y en el país, aunque su caso no acaparó noticieros ni programas de TV. El movimiento de mujeres de la provincia está exigiendo la renuncia de la ministra de Salud. Ana María pasó a engrosar la estadística de las 800 mujeres por año que mueren en la Argentina a causa de la ilegalidad de aborto.
Otoño Uriarte era una adolescente de Río Negro, que desapareció el 23 de octubre de 2006, cuando iba hacia su casa. Desde ese momento no se supo nada de su paradero. Su padre denunciaba que la justicia tardó mucho en moverse. Recién seis meses después de la desaparición de Otoño la justicia reveló que había escuchas telefónicas ligando a un proxeneta de la zona con un comisario de Choele Choel. Además, hay firmes sospechas de que nada se hizo por investigar las relaciones entre policías y cabarés —más allá de su posible vinculación con el caso de Otoño— y que la jueza del caso, María del Carmen García, rechazó todas las ofertas de colaboración de organismos que investigan la trata de personas. El cuerpo de Otoño fue encontrado sin vida. Pero la lucha sigue, para castigar a los responsables, que según familiares y amigos de la joven están vinculados al gobierno de la provincia.
