Sobre la reforma del Código Civil

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Reforma del Código y rol de las mujeres para el derecho

Por Natalia Ruiz

 

El sábado 1° de agosto de este 2015, entró en vigencia el nuevo Código Civil, que además ha incorporado en su redacción al Código Comercial quedando ambos cuerpos normativos unificados; es la segunda gran reforma que se le realiza al Código desde su sanción en el año 1869: la primera fue realizada en 1968 durante la dictadura de Onganía y fue encabezada por el jurista Guillermo Borda; el nuevo Código contiene 2671 artículos que reemplazan a los 4500 anteriores.

Aunque lo descrito anteriormente parezca sólo el recuento de algunos datos anecdóticos, es necesario tener presente la enorme importancia que el Código Civil tiene en nuestras vidas: rige casi la totalidad de nuestras relaciones sociales y afectivas, desde nuestro nacimiento y más allá de nuestra muerte; asimismo,  se trata de un ordenamiento jurídico que surge del consenso entre los representantes de los intereses burgueses, patronales y capitalistas, que no sólo buscan proteger su propiedad privada, sino además moldear la vida social para la satisfacción únicamente de los fines de los poderosos: leyes que se imponen sin consulta con la sociedad, difícilmente reflejen las necesidades de todos y todas.

Al proyecto de reforma, ideado e impulsado por el kirchnerismo, le han llovido innumerables críticas de todos los sectores y actores políticos  y no sólo por la necesidad de un debate más profundo y extendido o por la rapidez con la que esta reforma entró en vigencia, sino por lo reaccionario de algunas de las modificaciones, que contemplan la exclusión de la responsabilidad civil del Estado por sus hechos y los de sus funcionarios, la eliminación del derecho al acceso al agua potable, el reconocimiento de la Iglesia Católica como persona jurídica pública (equiparándola como un órgano estatal más, e incluso, una provincia) pero la exclusión de esta categoría de las comunidades indígenas que se las considera como personas jurídicas privadas, asimilables a cualquier asociación civil y comercial lo que conlleva la regulación privada de sus propiedades  y  la restricción en el acceso público a las costas de ríos y lagos; pero sin lugar a dudas, las reformas que tuvieron mayor eco en la sociedad son las que refieren a las relaciones de familia y el comienzo de la concepción de la vida.

 

¿Contigo pan y cebolla?

Antes de la reforma, los bienes que se adquirían durante el matrimonio les pertenecían a ambos cónyuges y pasaban a formar parte del patrimonio de la sociedad conyugal, mientras que los bienes que eran previos al matrimonio se los consideraba como “propio” de cada cónyuge ; en caso de divorcio, dichos bienes (“bienes gananciales”) eran repartidos por partes iguales entre los dos: es el llamado régimen de comunidad de bienes o de ganancias; pero ahora, el nuevo código introduce una importante novedad al agregar otro sistema patrimonial para los cónyuges: se trata del régimen de separación de bienes; en este sistema los cónyuges pueden tener sus patrimonios separados y diferenciados, y las ganancias y bienes que se obtengan en el matrimonio corresponderán al cónyuge que lo adquirió; para poder regirse con éste último régimen se debe realizar la opción antes de contraer nupcias ante un escribano público (“convención matrimonial”); si no se elige el sistema de separación de bienes, el matrimonio queda sometido al régimen de comunidad: asimismo, al cumplirse un año de la fecha de la celebración del matrimonio, se puede optar por uno u otro régimen pero siempre por convención y con el consentimiento de ambos cónyuges, y así sucesivamente año tras año.  

Si bien puede considerarse la introducción de este nuevo régimen patrimonial como un avance en pos de la igualdad de género, que recoge el progreso  de la sociedad actual en donde la mujer se encuentra inserta en el mercado laboral, accede a la educación superior y desarrolla una vida profesional, la contracara de este progreso refleja que son las mujeres las que (a diferencia de los hombres)más sufren la desocupación, el trabajo precarizado y en negro, y tiene pocas posibilidades de acceder a puestos jerárquicos de mando; de esta forma, los avances legislativos no necesariamente se traducen en cambios concretos en la realidad y muchas veces, por el contrario, pueden profundizar las desigualdades existentes; mientras sigamos en una  sociedad capitalista que impide que la mujer pueda obtener una independencia económica plena y el patriarcado la siga subyugando bajo el mito del “amor romántico” (ese amor  abnegado, que todo lo acepta, todo lo tolera, todo lo perdona, sin cuestionar) difícilmente se puedan establecer relaciones de pareja en condiciones igualitarias para ambas partes.

Otras de las novedades que trajo este nuevo código, es la del denominado “divorcio exprés” donde cualquiera de los cónyuges puede solicitar la disolución del vínculo matrimonial sin mucho más debate en sede judicial: sólo basta con manifestar la intención de divorciarse (además, se ha eliminado el “deber de fidelidad”); asimismo, luego del divorcio, las tareas de cuidado del hogar y de los hijos tendrá por primera vez un valor económico para el cónyuge que las ha asumido, que en la sociedad patriarcal en la que vivimos, son las mujeres las encargadas de realizar tales tareas, y terminan por ello postergando su desarrollo personal y profesional, favoreciendo el progreso de estos aspectos en el varón: por eso, la mujer puede solicitar una “compensación económica” tras el divorcio, que buscará subsanar su desigualdad económica frente al hombre; dicha compensación  será fijada por el juez quien tendrá en cuenta, entre otras cosas, la dedicación que cada una de las partes brindó a la familia, educación y crianza de los hijos, la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo por parte de quien solicita la compensación, la colaboración prestada en actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge; no se pone en duda lo progresivo de esta medida, pero reiterando lo ya expresado, no necesariamente lo dicho en el texto de las leyes se efectiviza en la realidad y mucho menos con una justicia que está plagada de jueces misóginos y patriarcales que a través de sus fallos dan cuerpo al discurso machista imperante en el poder judicial (a diario nos enteramos como se absuelven a violadores, femicidas y violentos o les dan penas irrisorias); de esta forma, ¿cómo pretender que un juez pueda realmente fijar una compensación económica que de alguna forma, garantice mínimamente el costo económico de la postergación de un proyecto de vida para una mujer?

 

Tenencia compartida o la re vinculación forzada con un violento

El nuevo código civil y comercial modifica al instituto de la patria potestad, que ahora pasa a llamarse corresponsabilidad parental  y debe ejercerse de forma conjunta siempre, e implica el cuidado compartido de los hijos, que en caso de divorcio o separación de la unión convivencial, pueden vivir  cierto periodo con cada uno de los progenitores; en caso que se opte que los hijos residan la mayor del tiempo en casa de uno de los padres, las obligaciones de cada uno se deben previamente acordarse y mantenerse (como por ejemplo, quien los lleva a la escuela, al médico, etcétera.); asimismo, cuando se opte por el cuidado compartido, el progenitor con mayores recursos debe pasar una cuota alimentaria para que el menor tenga el mismo nivel de vida en ambos hogares.

La normativa pretende desde la generalidad, propiciar el involucramiento de ambos padres en la crianza de sus hijos, y que no sólo recaiga como ocurre en la gran mayoría de los casos, en la madre, pero en aquellas situaciones en donde existe violencia machista, esta corresponsabilidad al ser obligatoria, puede originar vinculaciones forzadas con el violento, poniendo en riesgo la vida y la integridad física y psicológica de la mujer y sus hijos.

Como afirma la abogada Claudia Hasanbegovic, “la tenencia compartida es algo que se da naturalmente en una pareja que se separa en buenos términos, que no fue atravesada por la violencia y que tiene suficiente madurez para pensar en lo mejor para sus hijos e hijas y se distribuyen las tareas. Es decir que la figura jurídica de la tenencia compartida ni siquiera es necesaria (…) ahora el problema (…) es que obliga a los jueces a dictar en todos los casos la tenencia compartida.”  Hecha la ley patriarcal, hecha la trampa para la mujer.

 

La Iglesia Católica y el Gobierno K: una relación que atrasa a las mujeres

Pero sin lugar a dudas, una de las polémicas más encendidas, giró en torno al papel que tuvo la Iglesia Católica en la reforma del código civil y los beneficios que obtuvo por ello; la designación de Bergoglio como Papa, hizo que el gobierno K mostrara un “renovado fervor”  católico y quisiera estrechar sus relaciones con el Vaticano (a pesar de que un día antes que Bergoglio  sea Francisco, era uno de los “enemigos del modelo” Kirchnerista).

La primera gran concesión que realizó el gobierno K a los jerarcas de la Iglesia se encuentra en el artículo 19 del nuevo código, donde se establece que la vida humana comienza desde la concepción: esta definición no sólo adolece de fundamentos biológicos y científicos, sino que desconoce arbitrariamente pronunciamientos de organismos internacionales de Derechos Humanos que establecen lo contrario; lo regresivo de este artículo pone en evidencia y sin sutilezas, que al gobierno K jamás le ha importado en estos doce años, siquiera debatir sobre el derecho que tenemos las mujeres de decidir sobre nuestro cuerpo, ni mucho menos le importa las centenares de muertas que hay año a año por abortos clandestinos.

Asimismo, el oficialismo se ha encargado de mantener los privilegios de la Iglesia Católica: la redacción del viejo código le otorgaba a la Iglesia la categoría de “persona jurídica pública”  y el actual no lo ha modificado, al contrario, le ha dado preferencia al catolicismo por encima de otras religiones; darle a la Iglesia este status diferenciado de otros cultos, implica que se la equipare con una provincia o con el propio Estado nacional, que se la continúe sosteniendo económicamente y que sus bienes sean inembargables.

 

Nuevo código, viejas costumbres

Resulta claro que las reformas plasmadas en el código civil, lejos de tener una “perspectiva de género” como intentaron instalar abogadas y abogados referentes del oficialismo, tienen una perspectiva maternalista, no sólo por lo que surge del tan cuestionado artículo 19, sino porque las modificaciones más trascendentes consideran a la mujer en su rol reproductor y de esposa (cuestiones como que en el nuevo sistema civil se puede colocar en primer término el apellido de la madre al menor,  que la mujer embarazada le puede solicitar alimentos al padre del bebé aunque no estén casados, y las que refieren a la cuestión patrimonial, lo hacen en tanto y en cuanto se trate de una mujer casada);  incluso aquellas reformas que pretenden minimizar las desigualdades entre las mujeres y el hombre –siempre, claro está, cuando se habla de relaciones de familia-, lo hacen desconociendo alevosamente que vivimos en un sistema capitalista y patriarcal que se nutre necesariamente de dichas desigualdades,  y por lo tanto, lo que digan las leyes puede convertirse fácilmente en letra muerta; mientras haya patriarcado, el poder político sólo otorgará a las mujeres concesiones de segunda clase que no cuestionen el status quo: las verdaderas conquistas las arrancaremos en el calor de las luchas, como la experiencia ya nos lo ha demostrado.