Para imponer la ley por el derecho al aborto…

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Para imponer la ley por el derecho al aborto, luchemos en las calles

 

Ana María acaba de morir en Santa Fe. El Estado K le negó el aborto terapéutico necesario para tratar su cáncer, y le negó el tratamiento para el cáncer porque estaba embarazada. Su muerte provocó indignación en Santa Fe y en el país, aunque su caso no acaparó noticieros ni programas de TV. El movimiento de mujeres de la provincia está exigiendo la renuncia de la ministra de Salud. Ana María pasó a engrosar la estadística de las 800 mujeres por año que mueren en la Argentina a causa de la ilegalidad de aborto.

Un estudio con métodos científicos validados en el mundo determinó que en el país se producen entre 460 mil y 600 mil interrupciones voluntarias del embarazo por año, lo que significa casi un aborto por nacimiento (Página 12, 2/6/07). La ilegalidad del aborto hace que las mujeres que no tienen el dinero para realizárselo en una clínica, se autoinduzcan la interrupción del embarazo o recurran a otras personas que no pueden garantizar las condiciones higiénicas. Así es que muere una mujer cada 12 horas por hemorragias e infecciones producto de abortos mal practicados.

Sandra Rodríguez recorre el país en busca de que no quede impune el asesinato de Carlos, luchador docente de Neuquén, su compañero y padre de sus hijas asesinado cuando se retiraba de una marcha reprimida por Sobisch, mientras Filmus, Kirchner y Yasky repetían que el problema del salario docente “estaba solucionado”.

Romina pasó su cuarto año de reclusión en el tenebroso penal de Jujuy, que está rodeado por una fosa a la que sólo le faltan cocodrilos, alejado del pueblo como si fuera un leprosario. A Romina, víctima de violación, el Estado K la hace también víctima de la indigna condena de 14 años de prisión.

Marita, Otoño, Florencia, fueron secuestradas por las redes de prostitución. Otoño apareció asesinada, y a las demás las seguimos buscando.

La movilización de las mujeres de Santa Fe, la valentía de la madre de Marita, la indignación y firmeza de las compañeros de Carlos, chocan con un gobierno que tiene una política para el movimiento de mujeres: aislar sus luchas, esconder estas trágicas injusticias, y sobre todo endulzar los oídos de las mujeres con declaraciones de intención y pequeños gestos, que presentan como concesiones graciosas cuando sólo tienen el objetivo de hacer tragar esa medicina pestilente de la negación de derechos, que cada tanto logramos que se haga pública.

Ni el premio de Condoleezza Rice a la madre de Marita, ni los subsidios, ni la “generosa” pensión a la familia Fuentealba, ni las declaraciones de algunos funcionarios deben hacernos retroceder en la lucha por acabar con este régimen de injusticias contra las mujeres pobres. Un régimen sostenido por el Estado, por sus leyes, sus jueces, su policía, su gobierno.

Cuando la justicia impidió el derecho al aborto para jóvenes que fueron violadas la solidaridad de las redes de mujeres garantizó que éstas no tuvieran hijos producto de esas violaciones. Fueron las mujeres quienes juntaron el dinero para pagar abortos clandestinos en condiciones higiénicas, en lugar de esperar los tiempos de la justicia patriarcal. Son las movilizaciones en las calles las que ponen el tema en el debate público. Fue con la movilización callejera que las mujeres mexicanas consiguieron la despenalización del aborto hace apenas unos meses.

Porque es en nuestra lucha en las calles, (con la movilización, colectas, escarches, denuncias a los funcionarios), donde se fortalece la posición de las mujeres.

Con esta convicción, apoyamos el proyecto de ley por la legalización del aborto presentado el 28 de mayo en el Congreso, elaborado por la “Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito”. Aunque el texto del proyecto tenga aspectos discutibles, su aprobación sería un enorme paso adelante, y para lograrla tenemos que convertir este debate parlamentario en un debate público, político, empezando por resolver una campaña de lucha nacional en el próximo encuentro de mujeres, así como también en las escuelas, universidades y organizaciones de trabajadores, convocando desde allí a la movilización popular para imponer la legalización.

 

Los derechos se imponen de hecho

En esto del aborto legal y la anticoncepción hay una pregunta que tenemos que hacernos al iniciar esta pelea: ¿Por qué el gobierno, incluso cuando le convendría posar de “progre”, no despenaliza el aborto? Las historietas sobre que acá la Iglesia es muy fuerte ya se han venido abajo con las quichicientas encuestas en que la mayoría de la población se pronunció a favor de algún tipo de despenalización. Nosotras vemos otra explicación posible, que más que con ideas o religiones tiene que ver con cómo la clase dominante organiza la sociedad de explotación. Veamos nuestro país, por ejemplo. La economía se ha reactivado, pero no en base a un desarrollo de la capacidad productiva (apertura de nuevas industrias, reposición de líneas férreas, caminos, reparto de tierras para la agricultura, viviendas en condiciones para la mano de obra) sino en base a la devaluación de nuestra moneda y exportación de productos agropecuarios, sobre todo carne y soja, que necesitan muy poca mano de obra. Junto a los restaurantes, countries y hoteles que vuelven a llenarse con turistas, y con la clase alta y media alta nacionales que están agarrando la plata con pala, crece una clase trabajadora superexplotada, con salarios miserables y condiciones de trabajo chinas; otra masa de excluidos que jamás van a poder trabajar, y otra masa de trabajadores formales que vivirán tironeando su salario contra la inflación. Todo en el marco de una infraestructura que se viene abajo, como ya estamos viendo con las escuelas, hospitales, trenes e inundaciones. Este panorama promete algo: conflicto social permanente. El capitalismo que actúa en la Argentina no puede darse el lujo de aflojar las redes de control social. Y la opresión de la mujer, la estructura de la familia, los muchos hijos, la sujeción a la Iglesia, son factores de control sobre la vida de los trabajadores y pobres que el Estado quiere conservar. Un amigo nuestro que trabaja en Terrabusi junto a su padre y hermanos, nos contaba cómo decidieron en la familia la participación de cada uno en el conflicto laboral que atraviesa la fábrica. El papá reunió a los hermanos y les dijo: “Vos, que tenés hijos, no te metás, ni aparezcas en las asambleas; en cambio vos, que sos soltero, podés meterte tranquilo”.

La necesidad de mantener a los hijos, y no tener con quién dejarlos, es lo que aprovechan también muchos empresarios que emplean a las mujeres en trabajos domiciliarios en los que la palabra “superexplotación” queda chica.

La Iglesia, que tampoco es tonta, al lado de los curas fascistas que todo el mundo odia, ha empezado a fabricar curas “progres” por toda Latinoamérica, a ver si así logra reunir de nuevo al rebaño. Darle un golpe a la Iglesia legalizando el aborto es lo último que quiere la clase explotadora. Más bien apuestan a hacerla menos “intragable” con maniobras desde arriba, siempre con el objetivo de reforzar su papel de control social sobre los pobres, nunca para aflojarlo.

Si queremos acabar con la tragedia de las miles de mujeres pobres muertas por abortos clandestinos, ¿podemos depender de un “debate en las alturas”? Las militantes de la “Campaña” dicen que sí, y apuestan al debate parlamentario no “contaminado” con movilización popular, e intentan alejar el tema del debate político más general, justamente este tema, que hace a la maternidad en la pobreza y que desnuda las peores lacras del sistema de explotación en que vivimos. Por eso su proyecto fue elaborado y presentado casi en secreto, sin ningún llamamiento real a la acción de las mujeres, y negando la palabra a cualquiera que no fuera miembro de la “Campaña” en el acto de presentación del 28/5. Las Rojas decimos que no, y llamamos a redoblar la lucha, no sólo para presionar en el Congreso, sino porque una despenalización legal del aborto posiblemente no se cumpla si el Estado no es literalmente hostigado todo el tiempo por el movimiento de mujeres. Ya lo vimos en los casos de Guernica y Mendoza, y ahora el de Jujuy, que entran dentro del aborto no punible y sin embargo no se realizan si el movimiento no está detrás.

Por ejemplo: las militantes de la “Campaña” presentan la reglamentación del artículo 86, que permite los abortos terapéuticos o en caso de violación, sin consulta a la Justicia, como un logro de la unidad entre la “Campaña” y los funcionarios progresistas. Nosotras creemos que es una concesión-trampa del Estado para descomprimir la lucha por la legalización, ante la presión de los casos que, si bien siempre sucedieron, ahora toman cada vez más estado público y convocan la espontánea adhesión y movilización popular.

Para conseguir la aprobación de la ley, y para hacer que se cumpla, sólo podemos confiar en un gran movimiento de mujeres trabajadoras y jóvenes, que invada las calles, los hospitales, ministerios y juzgados para hacer cumplir nuestros derechos.

Para esto, es necesario organizar un plan de lucha y una gran marcha nacional de mujeres convocando a los demás sectores oprimidos y explotados para imponer el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito.