Ningún “trabajo sexual” es autónomo

 

Ningún “trabajo sexual” es autónomo

                   

Por Marina Hidalgo Robles

A propósito de las campañas presidenciales, la organización AMMAR Argentina –organización de mujeres en situación de prostitución que dicen pelear por los “derechos laborales” de “las trabajadoras sexuales” – realizó una encuesta a los candidatos para saber su opinión respecto del tema. Llamaron la atención de aquellas y aquellos que peleamos contra todas las formas de opresión contra las mujeres, las respuestas del precandidato del PTS Nicolás del Caño proclamando la defensa de la prostitución de mujeres. Como organización feminista socialista y revolucionaria, nos interesa polemizar con esta posición, planteando un programa abolicionista que dé respuesta al problema de la explotación sexual.

Los argumentos de Del Caño son pocos y erróneos: que el consentimiento de una mujer para prostituirse basta para que no haya explotación de terceros; la disociación entre la trata de personas, de su fin, la prostitución “Consideramos que no es lo mismo la trata de personas para la explotación sexual que la situación de las personas en ejercicio de la prostitución” ; que mientras se pelea por una sociedad sin explotación ni opresión, no hay medidas para tomar: “sabemos que la prostitución -en una sociedad mercantilizada como la actual- es algo que no puede eliminarse simplemente con buena voluntad ni con decretos”.

Las Rojas partimos de entender la explotación sexual como el sometimiento de una persona a cualquier tipo de actividad sexual, donde media un intercambio (ya sea monetario, o por especies – comida, refugio, protección, etc.). Hablar de explotación puntualiza sobre la relación desigual que se establece en todas las situaciones de “prostitución”: la presencia de alguien más que la mujer explotada aprovechando su situación de vulnerabilidad – un proxeneta, un policía que cobra la parada, un inspector que habilita prostíbulos, e incluso el prostituyente que con su dinero hace uso y abuso del cuerpo de esa mujer.

Quienes nos reivindicamos feministas socialistas entendemos que esta situación se da en el contexto de la sociedad capitalista patriarcal, donde el cuerpo y la sexualidad de las mujeres no son más que un bien que se puede comprar y vender para satisfacer el placer y deseo de otros. La explotación sexual es la reafirmación de este lugar de subordinación de las mujeres; tan ajena es la propia sexualidad que puede ser alquilada por un “precio”. Suponer que el consentimiento de una mujer para ser explotada por un varón, que posee el dinero, puede ser de manera “autónoma y autogestiva” es negar por completo las determinaciones patriarcales que se agudizan en las mujeres de los sectores más pobres, que encuentran en la explotación sexual una única fuente de ingresos. Del Caño habla del ejercicio de la prostitución “en pleno derecho de su autonomía y sin estar sujetas a la explotación de terceros”.  ¿Supondrá Del Caño que una mujer puede libremente negociar “un precio” con un prostituyente, negociar el uso del preservativo, evitar prácticas sexuales que no desee, o incluso el consumo de drogas, libremente sin coerciones ni violencia? Las situaciones de violencia a la que son sometidas las mujeres en situación de explotación sexual por parte de los proxenetas, policías y prostituyentes abundan en los relatos de las compañeras que han sido víctimas de la explotación sexual.

Parece que para Del Caño, la autodeterminación de las mujeres es casi una cuestión de voluntad. ¿No sabe que los proxenetas y tratantes no van a dejar su negocio por la sanción de una ley? Un claro ejemplo de esto es la imputación de Claudia Brizuela, quien fuera secretaria general de AMMAR, por regentear mujeres y niñas en un prostíbulo de la provincia de Buenos Aires, utilizando las afiliaciones de la organización como una pantalla de legalidad. Atrás de una cooperativa, actuaba el proxenetismo. Pero además, para que una mujer o un grupo de mujeres puedan conformar una cooperativa, requieren de medios económicos para hacerlo, justamente los medios que le faltan y que la arrojan a las redes de explotación sexual. En Holanda donde están legalizadas las “trabajadoras sexuales” – tal como postula Del Caño – las vitrinas legalizadas para estas prácticas deben ser alquiladas. Los dueños son unos pocos que se las alquilan por turnos (de entre 8 y 12 horas) a mujeres: o sea, proxenetas.

 

En la mencionada encuesta Del Caño declaró: “Nos pronunciamos a favor de la auto organización de todas las personas que se encuentran en situación de prostitución para defender sus derechos con plena autonomía, sin estar sujetas a la explotación de terceros ni a la tutela del Estado”. Pero ¿cómo las mujeres van a defender su autonomía de la tutela del Estado si no es peleando contra esas redes de explotación, cuando es el propio Estado el que garantiza su funcionamiento? Sonia Sánchez ya ha explicado muy bien el rol del Estado Proxeneta, dando cuenta no sólo de las relaciones opresivas de nuestra sociedad, sino de las implicancias de los funcionarios, jueces, legisladores, fuerzas de seguridad, etc., en el sostenimiento de estas redes. 

Pero además Del Caño sostiene una idea muy difundida, que es la base para justificar la existencia de la explotación sexual; disociar la trata de la prostitución “Consideramos que no es lo mismo la trata de personas para la explotación sexual que la situación de las personas en ejercicio de la prostitución, siendo un elemento distintivo del primero de los casos el secuestro, el sometimiento y la esclavitud de las personas que cercena todas sus libertades, sin poder de decisión alguno.” El negocio rentable para proxenetas es la red de explotación sexual, el dinero sale de esas redes (y todos los negocios que se desprenden de ahí). La trata (es decir el secuestro y traslado de personas) sólo existe para proveer de mujeres a las redes de prostitución. A Marita Verón, como a tantas otras mujeres, la secuestraron para explotarla, no para tenerla encerrada. Por eso no se puede separar una pelea de la otra.

Por último, pero no menos escandaloso, Del Caño declara que la prostitución no puede eliminarse ¡“con buena voluntad y decretos”! Bueno, resulta que las luchadoras revolucionarias más que buena voluntad, proponemos el camino de la lucha en las calles por la abolición de las redes de explotación sexual y de trata, que es la pelea contra ese conjunto de relaciones de opresión y explotación, es la pelea contra el Estado patriarcal y capitalista. Y en ese camino, las feministas socialistas luchamos por arrancarle al Estado burgués todo lo que podamos para mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Lo peleamos todo el año y también levantamos estos reclamos durante la campaña electoral (sin maquillar nuestro programa demagógicamente):

 

Trabajo genuino para todas las mujeres e integración del trabajo doméstico a la producción social con guarderías, lavaderos y comedores públicos de calidad en los barrios populares.

Plan Emancipar: prioridad a las mujeres en los planes de vivienda, y vivienda inmediata para las víctimas de explotación sexual y violencia familiar.

Desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual. Prisión efectiva a los proxenetas y a todo el que lucre con la explotación sexual. Destitución y cárcel a los funcionarios cómplices por acción u omisión. Trabajo digno y asistencia integral para las mujeres rescatadas de las redes y para las víctimas de explotación sexual. Derogación de los códigos de faltas que persiguen a las mujeres. Cárcel a golpeadores, abusadores y femicidas

Refugios e instituciones convivenciales de alojamiento para las mujeres y sus hijos e hijas.

Programas de atención a las mujeres con formación en la problemática y perspectiva de género.

Educación sexual pública, laica y científica, que se oriente a desterrar la noción de sumisión y menosprecio hacia las mujeres y trans.

Aborto legal, seguro y gratuito en el hospital público. Programas reales de anticoncepción.

Separación de la Iglesia del Estado. Fin de los subsidios a la educación religiosa y derogación de la ley de la dictadura que establece salarios y jubilaciones del Estado para los curas.

Unidad del movimiento de mujeres con el movimiento obrero y popular para destruir el capitalismo patriarcal y construir una sociedad sin explotación ni opresión.

 

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