Juicio de Alika. Día 6

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Juicio de Alika. Día 6: Los alegatos parte 2

 

Por Marina Hidalgo Robles

tarifasUshuaia 12/11/16

Después de cinco días que duró el juicio oral y público, la jornada de hoy finalizó con los alegatos de los defensores de todos los imputados y del estado municipal.

Las pruebas que se aportaron durante la presentación le dejaron poco margen a los defensores, que centralmente intentaron plantear nulidades en torno al proceso investigativo para así cerrar el proceso, y luego deslindarse de las responsabilidades del delito que se estuvo juzgando: trata con fines de explotación sexual. Cada uno a su turno, evitaron plantear la inexistencia del delito, y más bien se dedicaron a tirar la pelota para otro lado. Vayamos por parte.

Comenzó el abogado Bongiovanni, defensor de Lucy Campos Alberca. Hizo una introducción marcando algunas “desprolijidades” del proceso de la investigación y del debate oral, sentenciando que durante la investigación “no se investigó. No se buscó la verdad sino un procesamiento”. En primer lugar se refirió a la introducción de la testigo B el primer día del juicio. Manifestó que la parte acusadora había intentado negarse a tomarla como testigo, y que luego que declarara había planteado un falso testimonio de la misma. También denunció que la fiscalía y la querella intentaron agregar una declaración de otra causa que tenía relación con la causa de Alika. Hasta ahí muy débil el planteo en tanto el tribunal ya había resuelto en consonancia con el pedido de la defensa: se permitió que la testigo delcarase y no se tomó la declaración propuesta por la fiscalía.
Un segundo punto fue el pedido de nulidad de la declaración de la testigo X de quien se denunció que había estado en contacto con la fiscalía antes de declarar, lo que podría haber generado que la misma fuera influenciada en su declaración: omitió que la testigo X, al igual que Alika venía sufriendo una serie de amenazas y presiones que le habían generado mucho temor, sobre lo que tuvieron que trabajar la fiscalía y el programa de rescate.
El segundo eje de la defensa fue sostener que Lucy también era una víctima del sistema prostibulario y que por ende no podía ser considerada una ‘partícipe necesaria’ como solicitó la parte acusadora, sino que tenía ‘un rol secundario'; la diferencia radicaría que en el primer caso hay un grado mayor de responsabilidad y beneficio del delito, mientras que el segundo supone que “No se puede probar que Lucy fuera partícipe necesaria. Está vista la reemplazabilidad absoluta de la participación de Lucy.” Agregó que en una conversación con García vía mensaje de texto, Lucy le informó que había una inspección y que ya le había dado indicaciones a las mujeres para decir que estaban trabajando. Frente al reto de García por decirlo en un mensaje Lucy respondió “no entiendo”, lo que según Bongiovanni daba cuenta de que la imputada desconocía que se estaba cometiendo un delito, “está vista la desigualdad que había con el señor Montoya y la Señora García.”
Utilizando la declaración de Lucy, el defensor intentó demostrar que Lucy también era una víctima “a Lucy no la rescataron, la invisibilizaron. Lucy es una víctima mala, la víctima que puede ser acusada”
Refirió que la imputada estaba en las mismas condiciones que el resto de las mujeres: dormía en el mismo lugar, usaba la misma luz y el mismo agua caliente. “Lucy no se aprovechó de la vulnerabilidad con el fin de explotarlas sexualmente. Lucy se prostituyó antes, durante y después del proceso investigativo.”  Agregó que la defendida se encontraba aún en el circuito prostibulario, “sus amigas son prostitutas, no le puede decir a su familia de su situación.” Y que también contaba con su libreta sanitaria hasta el momento del allanamiento. Pidió así que se aplique el artículo 5to de la Ley de Trata, (que plantea que no se puede acusar a una víctima de cometer un delito, si éste fuese como consecuencia de su condición de víctima) y que se la libere de todo el proceso penal, o “en el peor de los casos” se le aplique mínima de dos años.
Este argumento ya había sido previsto por la fiscalía, quienes manifestaron que no era posible aplicar ese artículo en tanto “la imputada no estaba en situación de prostitución durante el período investigado, ni se puede desprender que haya sigo encargada del Sheik como producto de haber estado en situación de prostitución previamente.”

Siguió en turno del abogado Santamaría, defensor de Pedro Montoya e Ivana García. Su alegato se centró mucho más en el pedido de nulidades, claro sus defendidos son los más implicados en esta causa.
Primero planteó que la presentación de la causa para ser elevada a juicio fue desprolija en el sentido de los detalles que no se aportaron. Planteó que había confusión en los tiempos y períodos establecidos, porque los  períodos de tiempo que se contemplan incluyen idas y vueltas de las mujeres. No podría ser de otra manera, la ley tiene plazos que no son los de la vida y menos los de la vida de las mujeres explotadas y que no comprende el proceso completo de captación para la explotación sexual.
Alegó que las tareas investigativas de los gendarmes debían ser anuladas por completo, en tanto en ese proceso los “agentes provocaron el ilícito de la investigación”, al haber entrado al prostíbulo Sheik y consumido “copas” para obtener información de las mujeres y del lugar. “Hay personas concretas que necesitaban la protección por parte del estado. No puede ir el estado a provocar el delito. Ni siquera Astiz cometió ese delito cuando espiaba a las pobres monjitas” declaró. ¡Defiende proxenetas y reivindica genocidas!
Siguió planteando lo que reiteró con varios ejemplos, que el estado actuó mal por no haber tomado medidas con anterioridad, en cuanto se supo del delito. Es decir, no negó que hubiera un delito, sino que el estado estaba actuando tarde! Más allá que esa pudiera ser una recriminación compartida, la resolución debería ser la condena a los responsables, y no la nulidad por ‘mal desempeño’.
“La ley dice que cuando se sabe de una situación de explotación sexual por terceros, hay que denunciar el delito para la inmediata clausura”, “el allanamiento se ordenó no por riesgo de las víctimas, sino porque cerraba el negocio”, y con esto quiso deslizar que las mujeres no estaban tan en riesgo, si no se hubiesen tomado las medidas necesaria…
En relación a las escuchas telefónicas, pidió que no fueran tomadas en cuenta, porque para conseguir el teléfono de Ivana García una gendarme encubierta llamó al celular de su hija menor de edad, “engañaron la inocencia de una menor”. 
Planteó también que en un caso similar en Rio Grande, con pruebas y declaraciones similares, la causa fue archivada por la propia fiscalía, por lo que debía tomarse como antecedente. En todo caso, si hubo una causa similar, con igualdad de pruebas y testimonios que en la causa del Sheik, queda claro que hay que reabrirla!
Hasta ahí sólo se dedicó a plantear “irregularidades” en el proceso judicial, no la inexistencia de los hechos. En esa línea continuó cuando argumentó que su defendido Montoya no sabía de la comisión del delito, “en una causa del 2010 contra mi defendido por trata, él se asesoró con un comisario y una abogado quienes le dijeron que no había delito”, lo que supondría que él desconocía lo que hacía. Agregó que las leyes nacionales, provinciales y municipales al respecto son confusas y contradictorias, habiendo fallos diferentes en causas similares, “¿cómo le vamos a pedir a una persona de séptimo grado de escolaridad que interprete las leyes?” Este punto también había sido previsto por la fiscalía que el día anterior alegó que luego del cierre del prostíbulo Black & White, los ‘pases’ dejaron de realizarse adentro del Sheik para realizarse afuera. Esto demuestra que Montoya tenía claro que estaba incurriendo en delito y en lugar de cesarlo, modificó la situación para no ser descubierto.
Pasó después a intentar invalidar las declaraciones de las testigos y del personal que fue parte del allanamiento. “Dicen que vivían en situación de riesgo. El olor nauseabundo venía de la habitación de la encargada. El desorden muestra que no había multas por limpiar porque estaba todo sucio. Ese desorden es normal. Tenían luz, calefacción, eran 7 en 4 habitaciones. Donde estaba Alika y la testigo X era un departamento de primer nivel.” Agregó que los nombres falsos que utilizaban no eran la negación de su identidad, “sino nombres artísticos, porque son artistas”.
En relación a su situación de encierro, refirió que las mujeres eran libres, podían entrar y salir cuando quisieran “las mujeres tenían celular, hacían lo que querían, tenían las llaves. No se las podía obligar a ir al parque nacional. Si se querían quedar en la habitación porque era la única forma de descansar mirando el celular, con esos celulares modernos que se pueden ver series.”
Finalmente se amparó en que la figura de ‘alternadora’ aparece en el convenio colectivo de trabajo, y que hay ordenanzas municipales que habilitan tal ‘actividad’, y fallos judiciales que han interpretado la relación entre el dueño del prostíbulo y las mujeres explotadas como relaciones laborales: “ser alternadora no significa ser prostituta” y arremetió “si hay un acuerdo entre las mujeres y los hombres ¿qué culpa tienen mis defendidos?”
Pidió entonces la absolución de los dos imputados, Montoya y García, y que se levante la multa y el embargo de los bienes.

Finalmente le tocó el turno al defensor de la Municipalidad de Ushuaia. Este fue el alegato más corto, pero con una centralidad fundamental para la causa: puede quedar planteada en un fallo la responsabilidad, como garante y cómplice, del estado en el circuito de la explotación sexual.
Comenzó también pidiendo la nulidad de todo el proceso contra la municipalidad alegando que había diferencias entre la primera demanda y los alegatos, y que no quedaba claro de qué se acusaba al municipio ni qué se le pedía. Asimismo sostuvo que ellos tendrían en cuenta sólo los últimos 27 días que Alika estuvo en el Sheik, negando que esos días fueron producto de un proceso de años en los que fue y vino del mismo habiendo pasado por varios prostíbulos de diferentes provincias.
Pasó luego a dar cuenta de por qué no le cabría ninguna responsabilidad al municipio. Comenzó planteando que la ley de trata establece obligaciones al estado  para prevenir y erradicar el delito de trata, pero que le compete al estado provincial y al estado nacional.
En relación a las ordenanzas de habilitación de ‘clubes nocturnos’ y de la exigencia de la libreta sanitaria para las mujeres que allí estaban, manifestó que las mujeres estaban registradas en la “Dirección de Comercio Municipal, la Provincial y en la DGI”, por lo que había armonía en la legislación con los otros niveles.
Declaró que “la habilitación del local era para espectáculos y expendio de bebidas, lo que no contribuía a la actividad ilícita. De ahí a lo que pasaba por fuera de lo habilitado, el municipio no tenía capacidad para controlarlo”, refiriéndose a que quien podía controlar los delitos es la policía provincial. Agregó que “había mujeres que iban en taxi con hombres, como en cualquier boliche”.
Lo que intentó plantear continuamente fue la limitación de su responsabilidad, sólo serían responsables de la actividad realizada dentro del espacio habilitado, por fuera de ello, nada podían hacer: “Los pases no se hacían adentro del local, y cuando se hicieron adentro era en las habitaciones contiguas al área habilitada por la municipalidad”. Además los inspectores no tenían la posibilidad de controlar este tipo de delito, ya que “no están capacitados para eso”.
Como dijo el fiscal Colombo el día anterior, sumar la habilitación de Whiskerías a la exigencia de la libreta sanitaria y los consecuentes exámenes ginecológicos, da por resultado certero la existencia de prostíbulos.
Por último planteó que los exudados vaginales habían sido eliminados de los requisitos para la libreta en el año 2005, en una ordenanza que aclaraba que de todas maneras los profesionales podían realizar los exámenes que consideraran pertinentes, y que al municipio sólo “le llegaba el ‘apto'”! Una ley hecha a la medida de los proxenetas!!

El juicio oral y público contra los tres proxenetas y el estado municipal entró a un cuarto intermedio hasta el 29/11, cuando se escucharán las palabras finales de los imputados y el 30/11 se conocerá la decisión del tribunal. El proceso fue contundente, las pruebas y las declaraciones más que elocuentes. Pero la justicia es patriarcal, y así como liberó a los proxenetas de Marita Verón en el año 2012, nada quita que el fallo sea en favor de los imputados. Sin embargo, la contundencia de las pruebas y los testimonios les dejan poco margen a los jueces para absolverlos completamente. Pero en el caso de la responsabilidad del Estado, ahí sí ya es otra cosa. Si se llegó a la instancia del juicio oral, sentando a los proxenetas y al estado fue gracias a la lucha incansable de Alika y de las organizaciones que acompañamos esta tarea. Que los jueces rompan con su mandato patriarcal capitalista y condenen al estado al pago de resarcimiento, sería el reconocimiento de que las redes de trata no pueden funcionar sin la connivencia del Estado.  En los días que quedan tenemos que redoblar la campaña en todos los lugares de trabajo, en las facultades, en todos lados con la exigencia de Justicia para Alika, cárcel a los proxenetas, y la denuncia de la responsabilidad del estado. El juicio de Alika ya es histórico porque se hizo nacional, porque es la primera vez que una mujer lleva al banquillo a los proxenetas, y porque, fallen lo que fallen los jueces, quedó clarísimo a través de este proceso que sin el amparo estado no hay trata y no hay explotación sexual. Si este juicio es histórico es por la lucha, la de Alika, la del movimiento de mujeres, la del abolicionismo. ¡Ninguna confianza en la justicia patriarcal capitalista, sino en la lucha! ¡Nos vemos en la lucha en las calles!