Juicio de Alika. Día 5

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Juicio de Alika. Día 5: Los alegatos parte 1

 

por Marina Hidalgo Robles

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Ushuaia. 11/11/16

Los primeros cuatro días del juicio fueron dedicados a la presentación de pruebas y testigos. Hoy asistimos durante más de cinco horas a la presentación de los alegatos  finales, la interpretación que cada parte hace de lo que ocurrió durante esos primeros cuatro días. Sin lugar a dudas, los alegatos de la querella (representando a Alika)  y de la fiscalía fueron contundentes.

Esto se debió, en primer lugar, a la cantidad de pruebas irrefutables que se fueron mostrando durante el juicio y a las valiosísimas declaraciones de las víctimas: Alika y la testigo X (así fue nombrada por la fiscalía para preservar su identidad) que dieron cuenta de la terrible situación de explotación a la que fueron sometidas ellas y las otras seis mujeres encontradas en el prostíbulo El Sheik.

La querella comenzó con una clara definición: “Alika fue víctima de una brutal explotación sexual por parte de los tres imputados. Y la municipalidad dio la cobertura de legalidad con las ordenanzas existentes“. El resto fue la explicitación de cada elemento que le dio a esa situación el carácter de ‘brutal’.

 

Explotación sexual

Tanto la querella como la fiscalía a su turno, detallaron que las mujeres estaban en una “situación degradante como personas humanas, convirtiendo a las mujeres en objetos de las actividades sexuales del Sheik” con el sistema de “copas y pases”. El pago por parte de los hombres de las copas y los pases daban lugar a los hombres para “tocamientos impúdicos, penetraciones vaginales, anales y prácticas de felatio”. La explotación sexual quedó cabalmente demostrada con el pago de los hombres que concurrían para salir con las mujeres: si sólo iban a buscar “charla” o una “psicóloga”, como había declarado Pedro Montoya, dueño de El Sheik, por qué habrían de pagar para seguir charlando afuera.

Se remarcó que varios testigos manifestaron que las mujeres vivían en el local; que entraban por una puerta lateral del local, que los hombres entraban por la puerta principal y que, de a momentos, se retiraban mujeres con varones por el lapso de una hora aproximadamente volviendo sólo las mujeres. Quedó así demostrado que en el local se pactaban actividades de explotación sexual.

Que esta situación era organizada y controlada por la encargada, Lucy Campos Alberca, bajo la supervisión de los propietarios del prostíbulo, Pedro Montoya e Ivana García, con el sistema de “pulseras”: se colocaba una pulsera metálica en un recipiente por cada ‘copa o pase’ que las mujeres realizaban.

La violencia que implicaba la situación de explotación se expresaba en las violencias físicas reiteradas, y en las condiciones en que eran obligadas a estar en el prostíbulo. El horario pactado era de 23 a 6 de la mañana, pero si había prostituyentes dentro del lugar debían quedarse, llegando a estar hasta las 15 hs. El daño físico perpetrado no sólo venía por parte de los golpes y el amedrentamiento: las enfermedades, los dolores y sensación de vómitos cuando estaba con los prostituyentes, embarazos no deseados y abortos producto de las relaciones sexuales agresivas, eran parte del escenario.

 

La “rueda fatal de endeudamiento”

El mecanismo de la “rueda fatal de endeudamiento” comenzaba desde el primer contacto. El pasaje para trasladarse lo pagaban los proxenetas y se lo descontaban de las ‘copas y pases’. Había un sistema de multas que nunca se terminaban de pagar. La fiscalía lo definió como un régimen de “servidumbre por deudas”, que no es más que una deuda que no tiene límite en el tiempo, que nunca se puede pagar y que constantemente genera más deuda nueva. Las multas eran por casi todo: si no limpiaban, si ingresaban tarde al local, si se “demoraban demasiado” con los prostituyentes, si no se vestían u olían de determinada manera, si se tomaban un día de descanso no permitido por los proxenetas, si había alguna queja de un prostituyente, si no se comportaban “adecuadamente” dentro del Sheik. Pasara lo que pasara, los proxenetas tenían derecho a multarlas y así seguir sosteniéndolas en el circuito prostibulario. “No me podía ir si tenía deudas” “nunca pude juntar un puto peso”, declaró la testigo X. De hecho, si querían irse del prostíbulo, podían hacerlo… ¡si otro proxeneta pagaba su deuda! Con lo cual la mujer terminaba su deuda con el primero para tenerla ahora con el segundo. Eso y vender esclavos entre señores esclavistas ¿son dos cosas muy distintas?

Eran obligadas a comprar ropa y perfumes. Para no repetir la ropa dos días seguidos  y “oler a perfume importado” Montoya les indicaba que tenían que ser “putas finas”. Los preservativos los tenían que pagar las mujeres cuando no los querían pagar los prostituyentes y se los vendían en el local hasta 4 veces más caros que en un negocio. Hay que tener en cuenta que las mujeres llegaban en una situación de extrema pobreza: el relato de Alika manifiesta que antes de ir al Sheik en 2010 no tenía dinero suficiente “para comprarle los útiles escolares a su hija”. Todos estos elementos que estaban obligadas a comprar tenían la única finalidad de atraer más prostituyentes, de lo que se beneficiaban únicamente los proxenetas.

 

Trata

Se demostró también que se cumplían con los requisitos indicados por la Ley de Trata; las mujeres eran captadas en otros lugares, eran trasladadas hasta el prostíbulo, eran recibidas por la gente del lugar, y acogidas en el mismo local. Se remarcó la responsabilidad de Montoya, quien era el propietario del lugar desde el año 1996 (aunque la habilitación no estaba a su nombre él era el encargado del funcionamiento global). García era la responsable del funcionamiento cotidiano, aunque iba poco al lugar, y para esto tenía a Campos Alberca como encargada. Estaba allí todos los días y ejecutaba las órdenes de sus jefes. Ésta última manejaba el dinero, imponía las multas, le daba efectivo a las mujeres para giros; según declaraciones de Montoya “era su mano derecha”.

El rol que ocupaba Montoya era el principal, y esto también se desprendió de su declaración. De acuerdo a la querella cuando Montoya fue alertado que un prostíbulo de la ciudad había sido allanado, decidió cambiar la modalidad: los pases ya no se hacían adentro, sino que las mujeres debían ir a otro lugar con los prostituyentes. Asimismo ordenó que las mujeres cambiaran su vestimenta porque se “iban a  meter en problemas”: tenían que disimular. La querella evaluó que Montoya luego de aquel allanamiento, en lugar de cesar su práctica ilegal cambió la modalidad para no ser descubierto.

 

Sin proyecto de vida

El alegato de la querella dejó más que claro el daño y sus manifestaciones psíquicas y físicas, que sufrió Alika como consecuencia del circuito de explotación, “el proceso de captación la ha imposibilitado de construir otro proyecto de vida”. Y enumeró los detalles vertidos por el informe pericial que dan cuenta de una gran cantidad de síntomas producto del Estrés Postraumático Grave, caracterizado por “ideas depresivas y ansiosas”, “problemas de sueños”, “reminiscencias” y daños físicos. Consecuencias que también pueden incidir como un “trauma transgeneracional” en sus hijos e hijas.

 

Sin autonomía  ni consentimiento

La Fiscalía profundizó de manera muy clara cómo la situación en la que se encontraba Alika y las otras mujeres, nada tenían que ver con el consentimiento y la autonomía: “está probado que hubo una situación de violencia, y esa situación de violencia descarta por sí mismo toda posibilidad de consentimiento.” Por el sistema de multas las mujeres no podían negarse a tener relaciones sexuales con un prostituyente, lo que convertía esa relación en una clara violación.

Un punto central del alegato estuvo en demostrar que las mujeres estaban en condiciones de plena pobreza y vulnerabilidad, lo que les limitaba su independencia o autonomía respecto del prostíbulo. Esto, agravado profundamente por estar viviendo en el mismo lugar donde eran explotadas. La degradación llegaba al punto de que, previo al cierre de un prostíbulo de la zona, los ‘pases’ se realizaban ahí mismo; eran prostituidas en el mismo colchón donde tenían que dormir para descansar. “Tenían que limpiar ellas mismas con lavandina el semen y la sangre que quedaba en los colchones para dormir”. Las condiciones de hacinamiento, falta de higiene, olores nauseabundos eran parte de las condiciones de vida en ese lugar.

Asimismo se ratificó que la coerción e intimidación puede tomar variadas formas, no siempre la agresión física. Y, en el caso de los proxenetas del Sheik, esto quedó más que demostrado. Había mecanismos de abuso de la situación de marginación y pobreza de las mujeres y también, en hacerse pasar por “familia”. Los explotadores les dan “algo” a las mujeres, por ejemplo, el dinero para el pasaje, logrando que las mujeres “quedan agradecidas”. Esto las ata más aún. El miedo a ser descubiertas por sus familiares. El estigma que ‘ser prostituta’, que es  otro elemento de coerción, de dependencia.

 

Sin Estado que encubre no hay trata ni explotación sexual

Se hizo fuerte hincapié en la responsabilidad del estado municipal: “El estado municipal sabía lo que ocurría. Sabía que las mujeres vivían en el Sheik porque constaba en las Libretas Sanitarias”. “El municipio habilitó el Sheik, donde claramente iba a haber explotación sexual de mujeres”; tenían “ordenanzas municipales laxas”, ya que casi sin requisitos se podían inscribir este tipo de negocios, y “recién en el año 2012 se prohibieron las whiskerías.” Más aún, la querella declaró que “el estado municipal se asoció al negocio: exigía la renovación trimestral de las libretas, cobraba las libretas y los controles sanitarios, además de las tasas establecidas”. “Las ordenanzas que habilitaban las whiskerías, más las ordenanzas de las libretas sanitarias que exigen controles ginecológicos, dan como resultado los prostíbulos.” Finalmente, todo señala que El Sheik “pudo funcionar por las ordenanzas municipales que lo habilitaban desde el año 1996″. El mismo municipio daba libretas sanitarias a las mujeres, donde se les exigía análisis de HIV, enfermedades venéreas y exudados vaginales; controles para “constatar la salud sexual de las mujeres no para beneficio de ellas sino de los clientes”. Asimismo reiteraron que lejos de haber un control de la situación de las mujeres, los inspectores se burlaban y humillaban a las mujeres, tal como lo declaró la testigo X.

 

Síntesis de la querella y la fiscalía

En relación a los imputados, los alegatos dejaron en claro que Montoya tenía pleno conocimiento de que en el Sheik había explotación sexual y que se beneficiaba de ello. Que García se ocupaba de la captación y del traslado de las mujeres, y tenía un control más cotidiano sobre el funcionamiento del Sheik. Que Campos Alberca era quien ejecutaba las acciones en el lugar y mantenía un férreo control sobre las mujeres en el local. Y que todo esto ocurría bajo el amparo y la asociación de la propia municipalidad de Ushuaia.

La querello pidió la pena de 8 años para Montoya, 6 años para García y 4 para Campos Alberca. También el resarcimiento económico por parte del Estado, Montoya y García de la suma de $2.300.000.

La fiscalía pidió 12 años para Montoya y el pago de una multa de $90.000, 9 años para García y una multa de $90.000 y 5 para Campos Alberca. El decomiso de un auto, el local El Sheik y el dinero incautado en la casa de los dos primeros.

La diferencia entre la querella y la fiscalía es clara: mientras la primera, que representa a Alika, claramente señala la responsabilidad del Estado municipal al solicitar una reparación conjunta entre los tres proxenetas y el municipio, la fiscalía (representando también en última instancia al Estado) solamente pide reparaciones por parte de los proxenetas.

En unas horas (el sábado) continuará el alegato de los defensores de los tres imputados y del estado municipal. Poco margen van a tener para demostrar su inocencia. Las pruebas fueron contundentes. Las declaraciones de Alika y la testigo X, demoledoras.