En defensa del abolicionismo

 

Debate sobre la trata y la explotación sexual

 

En defensa del abolicionismo

 

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Por Marina Hidalgo Robles

La trata y la explotación sexual es un problema que en las últimas décadas ha tomado relevancia para la sociedad en general, y especialmente para el movimiento de mujeres. El combate contra la trata y la explotación sexual está en la agenda del movimiento de mujeres, en las calles y también en los debates teórico-políticos. Las Rojas, como parte del movimiento de mujeres que se organiza para luchar contra el patriarcado, queremos aportar no sólo en la pelea cotidiana en la calle, sino en la profundización del debate abolicionista, desde una perspectiva feminista y socialista.

Clarificar de qué se tratan estas formas de sometimiento, cuáles son los intereses de los gobiernos y organismos internacionales y cuál es la estrategia que las mujeres tenemos que llevar adelante resulta indispensable para ganar la pelea.

Este flagelo recorre todos los países del mundo, desde los más pobres hasta los más desarrollados, y siempre con un vector común: la mercantilización y violación de los cuerpos de las mujeres, trans, niñas y niños. En las últimas décadas, con la profundización del neoliberalismo a nivel mundial, la trata de personas con fines de explotación sexual se ha convertido en una actividad rentable para los estados nacionales, siendo ésta una de las actividades que redunda en buena parte del PBI de las naciones.

Según informes de la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo aproximadamente “20,9 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso”, de las cuales el 55% son mujeres y niñas (11,4 millones de personas). Del total, 4,5 millones de personas son “víctimas de explotación sexual forzada” en todo el mundo (Organización Internacional del Trabajo, “Estimación sobre el Trabajo Forzoso. Resumen ejecutivo”, junio de 2012). Estos datos, sin embargo no reflejan la realidad precisa, por ser la trata y la explotación sexual una actividad ilegal. La Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (UNDOC) reconoce que el número de condenas por trata de personas es en general muy bajo: de los 132 países incluidos en su informe anual, el 16% no registró ni una sola condena entre 2007 y 2010, y el 23% sólo registra entre 0 y 10 condenas (Global Report in Trafficking in Person 2012, UNDOC – United Nations Office on Drug and Crime).

El carácter internacional de las redes implica que los países funcionan como lugares de origen, tránsito y destino de mujeres y divisas, lo que hace este sistema de explotación una fuente de ingresos para los estados. A la vez, plantea un desafío mayor a la hora de llevar adelante una política que enfrente este flagelo.

Argentina es un país considerado de origen, tránsito y destino de mujeres, niñas y niños para la explotación sexual (Departamento de Estado de Estados Unidos, “Trafficking in Person – Report June 2013”, http://www.state.gov). La trata se da no sólo a nivel internacional (especialmente mujeres de Paraguay y República Dominicana son explotadas en este país), sino también a nivel local, mujeres del norte del país y centros rurales son explotadas en la capital del país y en provincias centrales. Así fue el caso de Marita Verón, una joven de la provincia de Tucumán secuestrada en abril de 2003 y explotada sexualmente en varias provincias de Argentina, como La Rioja. La pelea de su madre, Susana Trimarco, permitió conocer los lugares por donde había sido trasladada y los responsables de su secuestro y explotación, y liberar decenas de mujeres que eran explotadas en los mismos prostíbulos donde había estado su hija.

A partir de la investigación que sostuvo la madre de Marita, en 2012 comenzó el juicio a los13 proxenetas. Las pruebas aportadas por Susana Trimarco y por las otras víctimas que declararon durante el juicio eran irrefutables. Daban cuenta de nombres, lugares, fechas y modos de acción con total precisión. Sin embargo, el tribunal desestimó todas estas pruebas y los y las dejó en libertad. Todas y todos vimos cómo la impunidad garantizada por el gobierno de Alperovich en Tucumán dejaba libres a quienes la lucha de Susana Trimarco había claramente demostrado eran los responsables.

La presidenta Cristina Kirchner se dedicó a darle premios a Susana Trimarco en Plaza de Mayo en reconocimiento de su heroica pelea, y sólo dos días después las y los proxenetas salían libres con un fallo de total impunidad. El archi kirchnerista gobernador de Tucumán, José Alperovich, se rasgaba las vestiduras, cuando él mismo está relacionado con la Chancha Ale, cabeza de la red dedicada a la explotación sexual de mujeres.

La indignación popular que recorrió las calles y se hizo sentir en todo el país con enormes movilizaciones demostró que el caso de Marita había llegado a toda la sociedad. Un año tardó la “justicia” tucumana en dar marcha atrás con el aberrante fallo. Sin embargo, el principal responsable de la red de trata y explotación sexual y sus protectores políticos siguen impunes.

Es muy común la idea que sostiene que por un lado hay mujeres que son secuestradas y obligadas a prostituirse –como Marita Verón–, y por otro lado hay mujeres que en su plena decisión “eligen ser prostitutas”, como si una cosa no tuviese nada que ver con la otra. Para nosotras esto es incorrecto: la trata es sólo una forma en que se presenta la explotación sexual; los prostíbulos, las “casitas”, las zonas rojas son las otras formas en que las mujeres son igualmente sometidas y violentadas.

Frente a esta situación existen distintas estrategias para combatir la explotación sexual de las mujeres, trans, niños y niñas. Por un lado, con un carácter muy reaccionario, se plantea una política prohibicionista, que pone el eje en ilegalizar la “prostitución”. A través de la aplicación de edictos policiales, leyes municipales, códigos de faltas o contravencionales y toda clase de normativas, se persigue a las personas explotadas imponiéndoles condenas de prisión o multas, y sometiéndolas a todo tipo de abuso por parte de las fuerzas de seguridad que aplican dicha normativa. Esta política es ultra conservadora, ya que no combate la situación de sometimiento y vulnerabilidad de las personas sometidas, sino que defendiendo la “buena moral” de la sociedad reprime a las mujeres explotadas por provocar escándalo en la vía pública. Estas medidas se acompañan de persecuciones a las mujeres para realizarles obligatoriamente exámenes médicos, no sea cosa que anden dispersando enfermedades venéreas o VIH a la comunidad. De los proxenetas y los prostituyentes, ni una palabra. Éste es el caso del código de faltas de la provincia de Córdoba, que en su artículo 45 impone 20 días de cárcel para “quienes ejerciendo la prostitución se ofrecieren o incitaren públicamente molestando a las personas o provocando escándalo” (artículo 45, año 2007).

Algunas organizaciones plantean el regulacionismo del “trabajo sexual” como forma de combatir la trata y el proxenetismo. Equiparan la explotación sexual (definiéndola como “trabajo sexual”) con cualquier trabajo que se pueda realizar. El problema, dicen, es que al ser una práctica ilegalizada y perseguida por el Estado, se generan condiciones de clandestinidad que favorecen el proxenetismo. Por esto se exige que el Estado regule la actividad, garantizando derechos laborales para las personas que están en esta situación. La propuesta es el armado de “cooperativas sexuales”, para lo que en Argentina ya han presentado una ley que no fue aprobada.

Las Rojas planteamos una política abolicionista que enfrente de conjunto el sistema de relaciones patriarcales y capitalistas. Para nosotras, la única forma de combatir la trata y la explotación sexual es destruyendo las relaciones patriarcales de sometimiento de mujeres, trans, niñas y niños. No consideramos que dentro de este sistema se pueda “elegir libremente” poner un precio al cuerpo y la sexualidad sin que esto signifique una práctica violenta de sometimiento. Y estamos completamente en contra de que se persiga a las mujeres y todas las personas que son explotadas sexualmente, de cualquier forma, responsabilizándolas de su situación de víctimas, mientras se deja libre a los proxenetas y prostituyentes. Por eso peleamos por arrancarle al Estado políticas públicas de asistencia y tratamiento para las personas víctimas de las redes de explotación sexual, por planes genuinos de trabajo y vivienda, y por organizar al movimiento de mujeres junto a las y los trabajadores, para conquistar la emancipación definitiva de toda la humanidad.

Es conocida la frase que sugiere que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo. Con esta noción se intentan naturalizar dos ideas: que la prostitución es un oficio, un trabajo con el cual cualquiera podría lucrar legítimamente, y que la prostitución existió y existirá siempre, como una realidad inmodificable. En este artículo intentamos explicar por qué estas dos ideas son falsas, ahondando en el debate de la trata y la explotación sexual y la pelea que el movimiento de mujeres tiene por delante para abolir esta histórica forma de sometimiento patriarcal, desde una perspectiva feminista y socialista.

 

La explotación sexual

Es importante preguntarse por qué existe la trata. La primera respuesta posible es que está al servicio de la explotación sexual. O sea, no se secuestran mujeres sólo para tenerlas cautivas, sino para someterlas al negocio millonario que es la explotación sexual. Por lo tanto, no se puede pensar una política hacia la erradicación de la trata sin considerar la pelea contra la explotación sexual. ¿Adónde hubiesen llevado a Marita Verón si los prostíbulos no existieran?

La explotación sexual es una forma de sometimiento de mujeres, trans, niñas y niños a cualquier tipo de actividad sexual, donde media cualquier tipo de intercambio: dinero, vivienda, lugar donde bañarse, seguridad en la calle o cualquier cosa que la persona explotada “requiera”.

La noción de explotación se contrapone a la idea de autonomía: cuando hay explotación, necesariamente hay alguien que explota. El proxeneta es la figura más conocida, y es quien media entre las mujeres y los clientes/prostituyentes y por supuesto se apropia de una parte del dinero obtenido en esa situación. Pero aun cuando no hay un proxeneta, hay alguien que ejerce la explotación; por ejemplo, el prostituyente, que hace un abuso de la situación de vulnerabilidad en la que está la mujer. También hay policías que cobran “la parada” en la calle; hay quienes cobran por “cuidar” a las mujeres. O sea, nunca una mujer está sola con su cuerpo y decisión en una situación de explotación sexual.

Esta explotación sólo puede ser sostenida porque el Estado patriarcal toma parte. El traslado de personas a través de fronteras internacionales, nacionales y locales; habilitación de zonas rojas o locales; indultos a tratantes y proxenetas; circulación de grandes sumas de dinero sin control; “protección” de la policía, son sólo algunos aspectos que no podrían ser resueltos sin la complicidad estatal. Policías, gendarmes, inspectores, jueces y fiscales, funcionarios de todos los colores son necesarios para sostener el negocio en todos los niveles.

La investigadora Sonia Sánchez explica muy bien cómo en este contexto, las mujeres explotadas no dejan de estar solas. Como una contradicción necesaria, la explotación sexual requiere la presencia de un conjunto de personas e instituciones que mantienen “la soledad de la puta” como condición para la explotación, en tanto mecanismo de aislamiento y vulneración (M. Galindo y S. Sánchez: 21). Las mujeres que se encuentran en la calle o en los lugres donde son explotadas están ahí desde su individualidad, y los proxenetas y prostituyentes bien lo saben. ¿Quién defiende a una mujer cuando el prostituyente no quiere usar preservativo? ¿O intenta robarla o violarla? ¿O cuando la policía la detiene por no pagar la “parada”? Esta noción de “soledad de la puta” da cuenta del grado de exposición en el que se encuentran las personas explotadas. Inclusive, como producto de la barbarie que significa el sometimiento a las redes de explotación, las disputas entre las mujeres por los prostituyentes en la misma calle dificultan aún más tejer lazos colectivos. Dice Sonia en su libro: “La puta, si acaso habla, es un monólogo, un monólogo que poco a poco se va perdiendo porque deja de hablar hasta consigo misma. No es una soledad evidente porque la ves rodeada del prostituyente, del proxeneta y de la puta sola que está al lado, pero todo eso no forma una contención, sino más vacío y soledad. (…) Recuerdo una escena en los tribunales de la ciudad de Buenos Aires. Era casi la fotografía de la soledad de la puta, fue cuando yo misma verbalicé la frase ‘soledad de la puta’. Fue durante el juicio oral a los 15 detenidos y detenidas por manifestar frente a la Legislatura de la Ciudad contra el Código Contravencional. En el pasillo había muchísima gente. Las y los vendedores ambulantes estaban rodeados por sus familiares y amigos y amigas y colegas, por decirlo de alguna manera. El caso es que estaba lleno de gente: parientes entre los que podías identificar padres, madres, esposas, hijos. El familión pleno. Las dos putas estaban absolutamente solas. No había ningún familiar, ni hijos, ni pareja, aunque en su arresto en la cárcel ellas cocinaron para sus familias porque, aun estando presas, ellas los seguían manteniendo” (ídem: 24).

El negocio de la explotación sexual que recae sobre los cuerpos de las mujeres es muy grande. El dinero que produce impacta directamente sobre las economías nacionales. Porque el dinero no es sólo el que se intercambia entre una mujer y un prostituyente: los prostíbulos pagan impuestos, las marcas de cigarrillos y bebidas que ahí se venden pagan millones por publicidad, los administrativos, seguridad y choferes de los prostíbulos reciben su parte, y también los negocios necesarios para el circuito como hoteles, taxis, etc. Ni hablar de las coimas a policías, inspectores y demás funcionarios.

El dinero que se mueve del país donde las mujeres son explotadas a los países donde está su familia genera grandes ingresos de divisas para esas naciones. El turismo sexual trabaja con los sectores más pudientes de la sociedad, generando enormes ingresos. Ésta es una de las razones por las que los estados capitalistas patriarcales nada hacen para combatir la explotación sexual.

La trata de personas es un problema y muy grave, pero lo que está en discusión es cómo combatirla. Porque suponer que la trata es la única forma en que se presenta la “prostitución forzada” da lugar a especular que podría haber algún tipo de “prostitución libremente consentida”, cuando en realidad el secuestro y traslado son el aspecto más visible de una situación mucho más profunda   de   violencia   y   sometimiento.

 

El concepto de trata, el imperialismo y el vaticano

La trata con fines de explotación sexual parece estar condenada por los grandes poderes de este mundo. El gobierno de EE.UU. da premios a las personas que se destacan en su lucha contra este flagelo. El Departamento de Estado de Estados Unidos califica a los países según las políticas que llevan adelante sus gobiernos contra la trata, y esta calificación realmente incide en ciertos préstamos y subsidios que cada país pueda conseguir de organismos internacionales.

Anualmente se publica un informe yanqui donde se le pone una calificación del 1 al 3 a cada país (excepto a Estados Unidos), de acuerdo con los “esfuerzos” que sus gobiernos realizan para combatir la trata. Y se encargan de dejar bien claro que la categorización se basa en “la extensión de las acciones del gobierno en combatir la trata más que en el tamaño del problema” (Departamento de Estado de EE.UU., “Trafficking in Person – Report June 2013”: 41). Así, Argentina fue categorizada en el nivel 2, “países cuyos gobiernos no cumplen totalmente con el estándar mínimo de Actos de Prevención de Víctimas de Trata, pero están haciendo esfuerzos significativos para cumplir estos estándares” (ídem), el mismo año en que los 13 proxenetas por el caso Marita Verón fueron absueltos. Esta decisión fue justificada con el argumento de que se había modificado la ley de trata, quitando la necesidad de demostrar no haber dado el “consentimiento”, modificación que se consiguió con la pelea del movimiento de mujeres.

Esto puede alentar la idea de que, si bien muchos funcionarios locales pueden ser cómplices de los tratantes mediante coimas, los gobiernos del régimen hacen mucho y todo lo que pueden contra la trata.

Sin embargo, el hecho de que el imperialismo parezca interesado en enfrentar la trata es justamente lo que requiere una explicación. El concepto de “trata” consiste en la captación, traslado y recepción de una persona para ser explotada; remite al acto concreto de traslado de una persona de un lugar a otro donde será explotada. Históricamente, este concepto fue creado con un fin específico de control de la migración ilegal en los países más desarrollados económicamente. A partir de la utilización del concepto de trata, los estados se han dado políticas migratorias que básicamente buscan “devolver” a las y los inmigrantes ilegales a sus países de origen, lejos de desarrollar políticas tendientes a la abolición del sistema de esclavitud sexual que condena a las mujeres. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) plantea que “sus objetivos primordiales en este quehacer son prevenir la trata de personas y proteger a las víctimas de la trata, al tiempo que se les ofrecen opciones seguras y sostenibles de retorno y reintegración a sus países de origen” (http:/ www.iom.int/cms/es/sites). Se ofrece regresar a las personas a los países donde fueron tratadas, pero no se plantean políticas en esos países para modificar las condiciones que dieron lugar en primer término a que estas personas fueran tratadas.

Es decir, los premios, incentivos y calificaciones ayudan al imperialismo a crear un disfraz de “lucha contra la trata” para una política antimigratoria cuyo objetivo es expulsar a las personas tratadas del país adonde fueron llevadas, no liberarlas ni incluirlas.

El concepto de trata es un artificio que utilizan las potencias imperialistas para imponer su política de control de la migración en el mundo. Esto no significa que el secuestro de mujeres no exista, pero resulta imprescindible dejar bien en claro que la trata, es decir, el secuestro y traslado de personas, sólo existe para satisfacer el mercado de la explotación sexual. A nadie se le ocurre secuestrar una mujer sólo para tenerla secuestrada. El dinero que buscan los tratantes y proxenetas nace de las redes de explotación. A Marita Verón la secuestraron para explotarla en los prostíbulos de La Rioja.

Por su lado, el nuevo papa Bergoglio tiene un recorrido en Argentina de “lucha” contra la trata. Y lleva este postulado también a su gestión desde el reino mayor de la Iglesia católica. El operativo “lavado de cara” de una Iglesia infinitamente cuestionada y enchastrada con los escándalos de pedofilia y lavado de fondos de la mafia a través del banco IOR es la gran misión del papa Francisco. El operativo tiene sus sutilezas; no se puede negar que Francisco es un gran comunicador. Sin modificar en nada la situación de la Iglesia (¿acaso echó de la Iglesia a toda la lista de pedófilos que siguen en funciones? Claro que no, se quedaría casi sin empleados…), se dedica a dar discursos que no cambian nada, pero que son vendidos por la prensa, los gobiernos y políticos del sistema como si su papado se tratara de una verdadera “revolución”. Hasta la revista Rolling Stone lo pone en tapa como si fuera un ícono juvenil de rebeldía.

Pero junto con el discurso de siempre contra el derecho al aborto y contra las personas LGTTBI, echa un manto de “cristiandad”, proponiendo ayuda y comprensión para estos desviados del camino correcto. Para darle una pátina más “humanitaria” aún, el papa Francisco la emprende todas las veces que puede con su verba contra la trata. Y claro, le sale gratis. Porque hasta ahora no ha entregado a conocimiento público ni una sola lista de funcionarios o miembros de gobiernos de algún país que amparen a ninguna red de trata. Y que no digan que el papa no tiene acceso a ese tipo de información.

 

“Trabajo sexual” y AMMAR-CTA

Dentro de la pelea contra las redes de trata y de explotación sexual entra el debate con la noción del “trabajo sexual”. En Argentina existe una tendencia, corporizada en el sindicato AMMAR-CTA, que apoya esta idea. AMMAR-CTA es una ruptura de una organización originariamente llamada AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina), que nace en 1995 en Buenos Aires en la pelea contra los edictos policiales. Estos edictos eran una legislación municipal de la capital de corte prohibicionista, que perseguía y criminalizaba a las mujeres explotadas. En ese momento, ese conjunto de mujeres se encontraban organizadas dentro de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) filial Capital. En 2003, a raíz de los debates suscitados por la validez de la figura de “trabajadoras sexuales” y su consecuente sindicalización, un grupo de compañeras se desvincula de la organización. Así quedan conformados dos espacios: AMADH (Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos) con una fuerte trayectoria de lucha abolicionista, y AMMAR-CTA, que desde ese momento pelea por la regulación del “trabajo sexual” y la sindicalización de las trabajadoras (Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, Con voz propia).

Esta pelea por la regulación implica que las mujeres podrían elegir el “trabajo sexual autónomo”; realizar una actividad sexual a cambio de una retribución, de manera autónoma, sin proxeneta. Separa el “trabajo sexual” autónomo, libremente elegido, y la explotación sexual que no es consentida: la diferencia radica en la presencia de un proxeneta que lucra con la actividad sexual ejercida por la mujer o trans. Esta idea parcializa completamente la realidad, quiere inventar una burbuja en una sociedad patriarcal y machista, burbuja donde las mujeres se vincularían con hombres con los que podrían negociar el dinero que será pagado sin que se les intente robar; podrían decidir el uso del preservativo sin que haya una negativa rotunda; podrían elegir qué tipo de prácticas tener sin ser violentadas y sometidas.

Quienes defienden el “trabajo sexual” proponen como una alternativa al proxenetismo las denominadas “cooperativas sexuales”. La propuesta es la organización de un grupo de mujeres en un lugar privado, donde ellas mismas manejen la relación con los prostituyentes, sin mediación de proxenetas que se queden con su dinero. En estas cooperativas las mujeres y trans “trabajan libremente” y acuerdan “libremente una retribución justa”, según manifiestan en el proyecto  de  ley  presentado  por  AMMAR-CTA  en  julio   de   2013 (http:/ www.cta.org.ar/IMG/pdf/ley_final_ammar.pdf). La fundamentación de esta propuesta es la de posibilitar que las mujeres puedan ejercer sin presiones ni abusos cualquier actividad sexual, decretando por ley el fin de la opresión patriarcal a la que son sometidas las mujeres, especialmente aquellas que son explotadas  sexualmente.

Los golpes, violaciones, detenciones injustas son moneda corriente para las personas explotadas. Si la explotación sexual se reglamenta, ¿quién va a regular esa actividad? ¿Quién va a garantizar que los prostituyentes utilicen preservativos para cuidar la salud de las mujeres? ¿Quién va a garantizar la seguridad de las mujeres frente a una situación de violencia? ¿Quién va a garantizar que las “cooperativas de trabajadoras sexuales” no sean propiedad de un proxeneta?

¿Quién va a quitarles de las manos a los proxenetas el negocio millonario que hoy es la explotación sexual, para dar lugar a las cooperativas autónomas? Ya sabemos quién lo va a hacer: el Estado patriarcal y capitalista, que hasta ahora ha garantizado el funcionamiento de las redes de trata y explotación sexual de las mujeres, trans, niños y niñas. Los jueces y fiscales que absolvieron a los 13 imputados e imputadas por el caso Marita Verón. La policía que hoy persigue a las mujeres, les cobra las paradas, las somete violentamente y recibe coima de los prostituyentes. Los inspectores que hoy habilitan los prostíbulos.

Si se permite libremente el ejercicio de la explotación sexual, se estaría garantizando el destino seguro de las mujeres víctimas de trata. El debate con las compañeras que defienden la legalización de lo que ellas llaman “trabajo sexual” radica justamente ahí, en que hacen una falsa separación tajante entre el hecho de la trata y su finalidad, la explotación sexual, negando el motivo principal del secuestro de mujeres y niñas.

Hay otra cuestión que hace temblar la noción del “trabajo autónomo”: la construcción de las subjetividades de las personas explotadas sexualmente. Las compañeras de AMMAR-CTA hacen una separación entre mayores y menores de edad. Consideran que cuando las víctimas son menores sí hay explotación, pero que las personas adultas sí podrían elegir libremente. Pero esto supone que una niña o niño que es explotado vería completamente modificada su situación una vez que cumple los 18 años. El día en que pasa la mayoría de edad, todas las opresiones y coerciones que antes operaban sobre su poder de decisión desaparecerían, dando lugar a un ejercicio pleno de su elección.

La experiencia demuestra que la gran mayoría de las mujeres y personas trans adultas que hoy son explotadas han sido víctimas de distintas formas de violencia –incluso explotadas sexualmente– desde su infancia o adolescencia. Estas experiencias se marcan en la subjetividad, generando un tipo de relación con los otros y otras, y con el propio cuerpo, que las ubica en un lugar de mayor vulnerabilidad. Se naturaliza la violencia hacia el propio cuerpo, generando sentimientos de culpa, vergüenza y auto responsabilización por estar en esa situación. Aparecen mecanismos defensivos que permiten separar lo que pasa por el cuerpo de las sensaciones y sentimientos que esto genera; ésa es la forma de sobrevivir a una situación de violencia cotidiana. Ni que hablar del registro que se tiene de estar siendo violentadas frente a los ojos de toda la sociedad, que sigue de largo.

Elena Moncada, en su libro Yo elijo contar mi historia, da cuenta de este proceso muy claramente. La autora relata su experiencia de vida desde niña, mostrando cómo las situaciones abusivas de las que fue víctima cuando niña marcaron subjetivamente sus experiencias de joven y adulta. “A esa edad empezaron las picardías que una descubre hoy como cosas horribles, que una naturalizaba con la ingenuidad de una nena de 9 años. A esa edad un amigo de mi hermano nos daba 2 pesos para mostrarnos el pene. Para mí era un juego… no estaba mal. No hacíamos nada malo más que recibir la plata, pero es como la sensación de que fui preparada desde chiquita para ser prostituta” (E. Moncada: 21). A estas experiencias se agrega el relato de haber compartido desde niña experiencias con mujeres explotadas como una cosa natural, algo más del paisaje. Así se conjugan la experiencia biográfica de una persona con el contexto de opresión general al que son sometidas las mujeres, un entramado necesario que facilita las futuras experiencias de explotación.

En este escenario es que aparece la idea del “trabajo sexual” como forma de “dignificar” a estas personas, quitarles toda la carga social negativa que tiene el hecho de ser “una puta”. Pero cambiar el nombre de una relación de opresión, explotación y violencia no la hace menos opresiva, menos explotadora ni menos violenta; sólo la hace más “digerible” para la sociedad y para el Estado mismo.

En Holanda, desde el año 2000 se legalizó la explotación sexual. Existe la Zona Roja, donde se puede acceder al consumo de explotación regulada por el Estado. Las mujeres se encuentran en vitrinas, vidrieras iguales a las de los negocios de ropa, donde posan motivando a los prostituyentes a acercarse. Esas vitrinas no son propiedad de las mujeres, claro, porque son muy caras para que las pueda comprar una mujer explotada; tienen un dueño que se las alquila. El dueño alquila la vitrina por turnos de 8 a ¡12! horas. Las posibilidades de que existan proxenetas siguen siendo las mismas que en cualquier país; quienes deben controlar esto son los mismos a los que una y otra vez se encuentra implicados en las redes de trata y explotación sexual. Además, hay un dato muy llamativo: las vitrinas están sólo legalizadas para las mujeres, los varones no pueden estar ahí. Es decir, la explotación se apoya en los cuerpos de las mujeres; el patriarcado se cuela por todos lados.

Incluso donde se lleva años de legalización del “trabajo sexual”, la situación de las mujeres sigue siendo de sometimiento, y la autonomía tan proclamada por las regulacionistas no es propiedad de las mujeres.

 

Cooperativas sexuales y estado proxeneta

La noción de Estado proxeneta  la popularizó Sonia Sánchez, reconocida activista por los derechos de las mujeres en situación de prostitución. Sánchez plantea que el Estado, a través de su política pública y asistencial, es el gran garante de mantener a las mujeres en la situación de prostitución en la que se encuentran. Va más allá de ver algunos funcionarios o funcionarias cómplices de una u otra red de explotación, sino como un organizador de relaciones sociales, patriarcales y prostituyentes.

El Estado es más que un grupo de funcionarios y funcionarias corruptos, es un sistema de relaciones opresivas que mantiene tal como son unas relaciones de producción y reproducción que incluyen como elemento necesario el sometimiento de la mujer.

Con la organización moderna de la sociedad, las relaciones entre varones y mujeres se cristalizan en la familia patriarcal. Éstas se caracterizan por una primacía del varón adulto sobre la mujer y los niños y niñas, que es dueño de los bienes de que dispone esa familia por ser quien tiene asignado el rol de abastecerla. En contrapartida, la mujer es la responsable de la reproducción cotidiana: la procreación de los hijos e hijas y su crianza en el hogar. Sólo en épocas excepcionales las mujeres accedemos a un trabajo digno en iguales condiciones que los varones, y sólo una minoría de mujeres. Claro que esa minoría es mostrada por los estados y políticos del sistema como demostración de que la democracia logra la igualdad entre los géneros. Pero la verdad es bien distinta: la existencia de mujeres empresarias, presidentas y altas funcionarias de altos organismos se combina con la desocupación de las mujeres de clase trabajadora, incluso cuando hay un aumento del empleo en general, como sucedió en Argentina en la última década. La mayoría de las mujeres quedamos condenadas a los empleos de servicios, superexplotados, informales y de baja calificación. O a los planes sociales de miseria, como la Asignación Universal por Hijo, que irónicamente es presentada  por el gobierno como el otorgamiento de un derecho cuando en realidad lo impone para evitar que las mujeres presionen sobre un mercado de trabajo que no puede ni quiere dejarlas entrar.

Esto hace que la salida económica para la mayoría de las mujeres siga siendo la maternidad, vivir del salario de un varón a cambio de parir y criar a sus hijos.  La familia patriarcal  es la institución donde se consuma este pacto desigual.

Con el trabajo doméstico garantizado por las mujeres, la sociedad resuelve el problema de la reproducción social de manera gratuita, pudiendo los varones dedicarse a la esfera de la producción económica, en un sistema de explotación capitalista (vender su fuerza de trabajo para conseguir el alimento necesario para él y su familia). Las mujeres cocinan, lavan la ropa, cuidan a los hijos e hijas, llevan a los enfermos al hospital, realizan las compras cotidianas, sin que el Estado ponga un solo peso. Y cuanto más ardua sea su labor, más reconocimiento va a obtener de los sectores más conservadores. A su vez, hijos e hijas irán asumiendo esos mismos lugares conforme vayan creciendo.

Este tipo de organización social patriarcal surge con el “fin formal de procrear hijos de una paternidad cierta, y esta paternidad se exige porque esos hijos, en calidad de herederos directos, han de entrar un día en posesión de los bienes de la fortuna paterna” (Engels: 68). De ahí el carácter monogámico de las relaciones modernas, que es la única forma de asegurar la identidad cierta de la paternidad. Sin embargo, esto es sólo una imposición para las mujeres, que llegan a ser víctimas de cualquier tipo de cruel castigo si es que deciden desobedecer tal mandato. Ahora bien, si sólo a los varones se les permite tener relaciones extramatrimoniales, ¿dónde están las mujeres que la sociedad proporciona para esto? La respuesta muy clara: en las redes de explotación sexual.

Con la imposición de la monogamia a las mujeres (y la negación cruda de su sexualidad) y la sumisión a las tareas domésticas se construyen las dos caras de la opresión hacia las mujeres: la madre y la puta.

Por esto decimos que el Estado proxeneta es más que algunos y algunas funcionarias cómplices o responsables de redes de explotación, sino que es el armado de las relaciones sociales patriarcales y capitalistas que empujen y mantienen a las mujeres en las redes de explotación sexual para el consumo de los varones. Con la combinación del sometimiento del cuerpo de las mujeres y la ausencia de un trabajo que les permita un ingreso económico nace la explotación sexual. En este armado, el Estado utiliza algunos mecanismos desde la política pública, como la entrega de preservativos o subsidios de alimentos como forma de paliar un poco la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran estas mujeres. Sin embargo, con estas acciones el Estado garantiza que estas mujeres sigan en la misma situación de sometimiento, sin modificarla un centímetro. Hablar de Estado proxeneta implica entender que antes de la explotación sexual ya hay sometimiento. Por eso la pelea contra esta forma de violencia incluye necesariamente la pelea contra el conjunto de relaciones de opresión y explotación, cuyo funcionamiento el Estado garantiza y facilita.

Cuando se propone como alternativa al sometimiento sexual de las mujeres el armado de cooperativas sexuales, se está negando el carácter patriarcal y capitalista del Estado donde se desarrolla esta forma de violencia.

En las jornadas y encuentros donde se presentan las defensoras del “trabajo sexual”, argumentan que en una cooperativa “hay 14 mujeres esperando debajo de la habitación donde está la trabajadora sexual, y si el cliente le hace algo, están las 14 esperando para hacérsela pagar”. Posiblemente sea cierto, pero también es cierto que una vez que el cliente “le hizo algo”, el daño o la violencia ya fue sufrido. Y seguramente el cliente “le haga algo”, porque los varones que consumen explotación sexual no lo hacen porque no les queda otra, lo hacen porque además del placer sexual están pagando por la decisión sobre el cuerpo de una mujer, que la mujer haga lo que él quiera, como él quiera, cuantas veces él quiera. De esto se trata el patriarcado. Y así lo exponen varios prostituyentes en el libro Lugar común. La prostitución de Silvia Chejter, donde se muestra el discurso de quienes consumen explotación sexual: “Después se me paró, pum, le pegué un poco en la cara a la mina, bien, bueno, se presta, se prestaron bien, no les quedaba otra, estaban en la loma del orto con 20 negros, si se retobaban un poco por ahí cobraban, no te digo que les vamos a pegar, pero …” (Chejter: 67). “Sí, tiene que ver con la guerra de sexos. De cogerse a alguien aunque no quiera, ponele. Que hay un montón de eso” (ídem: 68). Los prostituyentes no pagan sólo por una actividad sexual, sino por ser dueños del cuerpo de esa mujer; por eso, cuando se negocia el precio con un prostituyente, esta negociación incluye el uso del preservativo y el consumo de drogas.

También han planteado que en una cooperativa, al no haber un proxeneta, podrían libremente negociar la trabajadora sexual con el cliente el precio a pagar. Una vez más niegan la realidad de la que son parte, suponen que una cooperativa puede abstraerse, alejarse de las relaciones sociales patriarcales y capitalistas que ordenan la sociedad. El precio, el uso del preservativo, las actividades sexuales no los decide la  mujer  con  el  prostituyente  en  una  negociación entre iguales; los determina el mercado de la explotación sexual. ¿Por qué un prostituyente va a pagar una suma de dinero en una cooperativa, si en la calle puede pagar hasta la mitad, y encima imponiendo sus condiciones?

Otro argumento que se escucha es que “se promueven las cooperativas sexuales para que las mujeres puedan desprenderse de los proxenetas y habilitar sus propios lugares con autonomía”. Para tener un local, departamento o cualquier lugar donde desarrollar el “trabajo sexual”, resulta necesario un capital que permita afrontar los gastos necesarios. La experiencia da sobrada cuenta de que las mujeres que  se encuentran en situación de explotación sexual no son las mujeres de clase media, con algún ahorro en el banco, sino todo lo contrario: mujeres de bajos o nulos recursos económicos. En el reporte de la UNDOC de 2012 se muestra una comparación entre los momentos de mayor crisis económica y el aumento de la explotación se las mujeres. ¿Quién va a financiar lo necesario para una cooperativa? ¿Un subsidio del Estado? ¿Le vamos a pedir al Estado que financie el “trabajo sexual”? Entonces, volvemos a la figura de proxeneta.

Recientemente se hizo conocida la vinculación de una red de proxenetas y tratantes con miembros de AMMAR-CTA Capital (Página 12 y La Nación, 29- 11-13). La secretaria general de dicha organización, Claudia Brizuela, está denunciada como partícipe necesaria para el funcionamiento de una red que mantenía cautivas a decenas de mujeres, incluyendo menores de edad, a quienes se les otorgaba un carnet de la Asociación, para prevenir en caso de un allanamiento. Aquellas que dicen defender a las mujeres, las primeras en levantar la bandera por la voz de las mujeres, quienes acusan al abolicionismo de negarles su identidad, ¡son quienes regentean mujeres para la explotación sexual! Y hasta ahora ¡ninguna de las organizaciones que tan fervientemente sostiene esta postura ha salido a decir ni una sola palabra! La fantasía de las cooperativas libres de coerciones patriarcales se cae a pedazos.

 

El debate acerca de los prostituyentes.

Sin estado proxeneta no hay trata ni explotación sexual

El lugar de los prostituyentes requiere un debate específico. Muchas veces se dice, como forma de suavizar el carácter patriarcal de la explotación, que no son sólo mujeres o trans quienes son explotadas, que también hay varones que son sometidos al circuito de la explotación sexual. Varones, mujeres, trans, cualquier puede “ser prostituido o prostituida”, no hay nada específico en la condición de ser mujer que favorezca las posibilidades de ser víctima de una red de explotación. Este planteo esconde el argumento del consentimiento, porque al negar las relaciones de desigualdad de poder que jerarquizan el lugar de los varones presume que cualquier persona puede “ser prostituida”. De ahí al argumento de la elección hay un solo paso.

Es cierto que hay varones explotados, pero en su mayoría son niños o adolescentes, es decir, con un lugar de inferioridad con relación a los adultos en una sociedad patriarcal. Estos niños y adolescentes, cuando son adultos, de seguir en el circuito de la explotación sexual, pasan a ocupar el rol de proxeneta. Las mujeres, en cambio, de niñas son explotadas y de adultas también. Pero hay un dato más que es muy importante: quienes consumen explotación sexual (de mujeres, trans y varones) son los varones adultos, los patriarcas.

Prostituyentes son aquellas personas que otorgan una suma de dinero (o comida, un lugar para dormir, etc.) a una mujer, trans, niña o niño a quien someten a mantener cualquier tipo de actividad sexual que deseen. No son “clientes”, porque no hay posibilidad de que entre una mujer explotada y un varón que se aprovecha de esta situación con su dinero pueda existir un intercambio entre iguales, libremente negociado. Cliente se es cuando se compra un paquete de azúcar; cuando se compra el cuerpo de una mujer, se es un prostituyente.

Quien decide acercarse a una mujer en un prostíbulo, en la calle, en una plaza, a quien le da dinero porque ésa es la garantía de poder hacer lo que quiera con ese cuerpo durante un tiempo determinado, es completamente responsable de sus actos opresivos y por eso debe afrontar las consecuencias. Los prostituyentes consumen explotación no sólo por el placer sexual, sino porque al poner en juego su dinero ponen en juego el poder que tienen sobre esa persona, a quien pueden demandarle lo que quiera. Con más o menos culpas, todos los entrevistados de Un lugar común dejan en claro que la explotación sexual es la forma más fácil que encuentran para mantener relaciones sexuales de la forma en que ellos, y sólo ellos, decidan. “Vos sos mía por un rato, me pertenecés, y si quiero más, pago por más y tengo todo, o sea, el límite me lo da el dinero, no me lo das vos: eso es lo que prima en la cabeza de un tipo cuando va, y si quiero cinco, cuánto vale… bueno, tanto, voy y pago… (E 36)” (Chejter: 24). “Vos vas con una puta y no pensás en lo que le pasa a la puta, disfrutás vos. Es lo mismo que cualquier servicio. (E 38)” (ídem).

En el mismo sentido, pero con un poco más de remordimiento, otro prostituyente dice: “Para mí, dentro de mi cabeza es negar. O sea, esa cosa que está superclara, que existe, digamos, porque si está ahí, es porque pagás, y ella está ahí porque vos le pagás. Está claro… que es tu esclava durante un ratito… lo que digo, es que trato de que no exista esa cosa en mi cabeza. Porque, si no, no estaría ahí, o sea, dentro de todo lo que uno tapa, eso es lo que más tapás. Por lo menos en mi caso (E 111)” (ídem: 33).

Y a la vez que el prostituyente es el único responsable de sus propios actos, no es correcto afirmar que la existencia de prostituyentes es la razón de la existencia de las redes de trata y explotación sexual, sino una parte, fundamental, en la que estas redes se apoyan. Muchas feministas afirman que la pelea por la erradicación de las redes de explotación sexual parte de la pelea contra la demanda, contra los prostituyentes.

Las frases “Sin clientes no hay trata”, “Sin clientes no hay prostitución”, “Sin proxeneta no hay explotación”, no logran dar cuenta de la profundidad de las relaciones sociales machistas y patriarcales. Como desarrollamos más arriba, las relaciones opresivas de la sociedad patriarcal son las que garantizan que las mujeres y trans sean sometidas en estas redes. Estas redes son sostenidas por grandes aparatos que incluyen las fuerzas represivas del Estado, gobernadores, funcionarios y los prostituyentes.

Este tipo de afirmaciones invierte la realidad, planteando que la demanda es la que genera la oferta. Pero en la sociedad capitalista el consumo de cualquier mercancía no surge de una primera necesidad. El proceso es inverso. ¿Es realmente necesario cambiar el teléfono celular al menos una vez al año? ¿O tener un televisor que mida lo mismo que una persona? ¿O pagar el doble por un pantalón, sólo porque la etiqueta es más moderna? Lo que aparece como necesidad de la sociedad son construcciones de un sistema de consumo capitalista. Se inventa un producto, se publicita en el mercado haciendo creer que es algo realmente necesario, y se vende.

Con la explotación sexual pasa exactamente lo mismo: se inventa la necesidad de consumir la explotación (un impulso irrefrenable de satisfacer un deseo sexual), se ofrece el producto (mujeres explotadas) y se dispone en el mercado (redes de explotación) al que se acercan los consumidores (prostituyentes).

Cotidianamente estamos envueltos y envueltas en una continua exaltación de la eufórica necesidad de los varones de “descargar” su sexualidad, y del lugar de “servidoras” de las mujeres para satisfacer esta necesidad. Propagandas de desodorante, autos, ropa, cerveza, cigarrillos se ocupan de remarcar constantemente estos lugares. Los cuerpos desnudos o semidesnudos de las mujeres aparecen infaltablemente en las publicidades de cualquier producto, equiparando el producto a vender con el cuerpo de la mujer; nunca queda claro qué se vende. Las propagandas de prostíbulos, los “rubro 59” (avisos publicitarios en los diarios ofreciendo mujeres para el consumo de explotación bajo la modalidad de “masajistas”, “acompañantes”, etc.), los encontramos en todos lados, desde los diarios más leídos hasta en los postes de toda la ciudad ofreciendo los cuerpos de las mujeres.

De esta manera, se inventa una necesidad junto con el mercado para satisfacer esa necesidad, apoyándose en las bases mismas del patriarcado que conceden el poder a los varones de utilizar la sexualidad y los cuerpos de las mujeres para su propio placer. Por eso el nudo de la pelea está en las redes de explotación como primer eslabón.

Los organismos internacionales, las políticas del Estado capitalista y patriarcal, apuntan también hacia los prostituyentes, porque así no tocan ninguno de los privilegios de las redes de explotación de los que ellos se benefician: “Si no hubiera demanda de sexo comercial, el tráfico sexual no existiría en la forma en que lo hace hoy. Esta realidad pone de relieve la necesidad de grandes esfuerzos continuos para promulgar políticas y promover las normas culturales que no permiten pagar por sexo” (“Trafficking in Person – Report June 2013”: 24).

Esto mismo se ve en la página oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, donde se abre con el slogan “Sin clientes no hay trata”. En sus recuadros coloridos se ven las cifras del esfuerzo que este organismo hace en la pelea contra la trata; 5.974 víctimas rescatadas desde la sanción de la ley de trata; 60 allanamientos efectuados hasta noviembre de 2013, porcentaje de medios  gráficos monitoreados que publicaran ofertas de explotación sexual, y ningún dato de proxenetas, funcionarios, gendarmes o gobernadores procesados y condenados por ser parte de una red de explotación sexual.

¿Será que los funcionarios nada tienen que ver con la explotación sexual? En los últimos meses se supo de la participación del intendente del municipio de Salvador Mazza, de la provincia de Salta, Argentina, en el regenteo de un prostíbulo donde se explotaban mujeres de distintas nacionalidades e incluso menores de edad. Estuvo unas horas detenido y enseguida salió a la calle. El gobernador de Tucumán, Alperovich, es conocido amigo del proxeneta que secuestró a Marita Verón. El diputado kirchnerista Contreras defendió públicamente la existencia de prostíbulos para que los varones descargaran sus necesidades sexuales.

El problema de este tipo de consignas es que desvían el foco de la pelea. No está mal castigar a quienes son parte de la explotación sexual de personas, especialmente sabiendo de las situaciones de violencia y del abuso de poder a que las someten, pero no va a ser encerrando a todos los prostituyentes que se van a desarmar las redes de explotación (demás está decir que ninguna de las políticas planteadas para perseguir el consumo dio ningún resultado demasiado sorprendente de condenas, o de disminución de la cantidad de personas explotadas). Y de esta forma se les da lugar a los gobiernos patriarcales para plantear políticas para las cámaras de TV sin modificar un centímetro el problema de la trata y la explotación sexual, dejando accionar libremente a proxenetas, tratantes y todos sus cómplices.

 

La dignidad está en la lucha por la emancipación

Justo ahí, en el debate social sobre la prostitución, aparece también la postura que plantea el ejercicio libre de la prostitución como una forma de liberación sexual; disfrutar plenamente de la propia sexualidad, y de paso ganar unos pesos. Frente a quienes detentan esta posición, las que sostenemos una postura abolicionista aparecemos como “moralistas”, como “opresoras” de la sexualidad de las mujeres. Dicen: “Para ustedes seguramente no es lo mismo que trabajemos con nuestras manos a que trabajemos con nuestra vagina… entonces el problema es ése y ahí tenemos que debatir, qué les pasa a ustedes con su sexualidad que no dejan que las demás definan su autonomía personal”  (Georgina  Orellana,  de AMMAR-CTA,  en una  jornada de Trabajo Sexual, Trata y Explotación Sexual, junio de 2013). Y por supuesto que no es lo mismo, porque entendemos que la negación de la sexualidad (incluyendo la sexualidad genital) de las mujeres es el bastión de la opresión patriarcal: no es lo mismo que a una mujer la violen o que le metan el dedo en la nariz.

Las Rojas somos abolicionistas porque tenemos la convicción absoluta de que la explotación sexual es justamente lo opuesto a la liberación sexual. Junto con el pacto nupcial para la maternidad, la explotación sexual es la máxima expresión de la negación de la sexualidad de las mujeres. ¿Por qué se consume explotación sexual? Porque a través de la compra de los cuerpos de las mujeres se puede esperar, pedir, exigir lo que sea que en ese momento el prostituyente quiera. Porque así se evita el trabajo que implica relacionarse con otro ser humano, el intercambio, el dar placer para recibirlo. Porque los prostituyentes bien saben de la situación de vulnerabilidad y necesidad de las mujeres que están en esa situación, y la aprovechan con su dinero.

Decir esto no es victimizar a nadie, es decir las cosas por su nombre. No hay explotación sexual sin violencia: no se puede abstraer un pedacito de la realidad de la totalidad, no se puede abstraer la explotación sexual del sistema capitalista patriarcal que la genera.

Es un error suponer que se puede enfrentar la doble moral de la sociedad con la noción del “orgullo de la puta”, que no es más que la contracara del infeliz “orgullo de vivir para ser madre”, glorificando otra cara más de la barbarie del capitalismo patriarcal. El orgullo de las mujeres explotadas sólo se concibe en la pelea por la emancipación contra todas las formas de violencia a las que nos someten a diario.

Las Rojas peleamos por la liberación sexual de todas las personas, para vivir una sexualidad libre y plena que rompa con los estrictos marcos de la monogamia heterosexual y sólo reproductiva. Una sexualidad que no esté atada a las necesidades de supervivencia en una sociedad explotadora y opresiva que mercantiliza nuestros cuerpos poniéndoles un precio. Luchamos por una sexualidad que nos permita elegir con quién, con cuántas, cuándo y dónde disfrutar de nuestros cuerpos.

 

El abolicionismo, una pelea socialista y feminista

La explotación sexual es la manifestación más clara del tipo de relaciones existentes en una sociedad patriarcal y capitalista: los cuerpos de mujeres, trans, niñas y niños son mercantilizados y vendidos para el disfrute de otro. El Estado patriarcal y capitalista garantiza y santifica el conjunto de relaciones opresivas, fundamento que permite el sometimiento de las mujeres por los varones.

Las múltiples formas en que se presenta la explotación sexual garantizan una acumulación de dinero a nivel internacional, siendo estas sumas ya parte de las economías nacionales. La trata de personas viene a satisfacer el mercado de la explotación sexual, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para el negocio que es el que realmente genera ganancias, la explotación sexual.

Las redes son sostenidas no sólo por proxenetas que regentean las redes, prostíbulos, clubes, departamentos, calles o plazas, sino por todos los funcionarios del Estado burgués patriarcal: desde los más altos gobernadores hasta los inspectores municipales que habilitan los locales. Y las fuerzas represivas del Estado cuidan este negocio.

Que sean mujeres y trans quienes son explotadas y varones quienes consu- men explotación es la prueba más franca de las relaciones patriarcales necesarias para sostener este flagelo. En ese contexto, suponer una libre y autónoma decisión de una mujer de ser parte del circuito de la explotación es negar las relaciones sociales que nos determinan. Es negar la realidad de violencia cotidiana a la que las mujeres somos sometidas y que se profundizan en los ámbitos de la explotación sexual. Así lo dan cuenta las mujeres que han sido víctimas de estas redes, y los prostituyentes que han consumido esa explotación.

Por eso peleamos por la construcción de una sociedad sin explotación ni opresión, y peleamos por arrancarle a este Estado las reivindicaciones del movimiento de mujeres que nos permitan mejorar nuestras condiciones de vida. La integración de las mujeres y trans en el circuito de la producción es el primer paso para salir del ámbito doméstico, el lugar de encierro más peligroso para las mujeres, y que permita autonomía económica respecto de los varones. En ese camino, las feministas socialistas luchamos por arrancarle al Estado burgués todo lo que podamos para mejorar las condiciones de vida de las mujeres:

  • Integración del trabajo doméstico a la producción social con guarderías, lavaderos y comedores públicos de calidad en los barrios populares.
  • La inclusión de las mujeres en la producción implica igualdad en la educación. Luchamos por reemplazar la mísera Asignación Universal por Hijo por subsidios para todas, tengan o no hijos, que permitan la capacitación de las mujeres con miras a la independencia económica.
  • Reemplazo del Plan Procrear por el Plan Emancipar: prioridad a las mujeres en los planes de vivienda, y vivienda inmediata para las víctimas de explotación sexual y violencia familiar.
  • Refugios e instituciones convivenciales de alojamiento para las mujeres y sus hijos e hijas.
  • Programas de atención a las mujeres con formación en la problemática y perspectiva de género.
  • Educación sexual pública, laica y científica, que se oriente a desterrar la noción de sumisión y menosprecio hacia las mujeres y trans.
  • Aborto legal, seguro y gratuito en el hospital público. Programas reales de anticoncepción.
  • Separación de la Iglesia del Estado. Fin de los subsidios a la educación religiosa y derogación de la ley de la dictadura que establece salarios y jubilaciones del Estado para los curas.
  • Desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual. Prisión efectiva a los proxenetas y a todo el que lucre con la explotación sexual. Destitución de los funcionarios cómplices por acción u omisión. Trabajo digno y asistencia integral para las mujeres rescatadas de las redes y para las víctimas de explotación sexual.
  • Cárcel a golpeadores, abusadores y femicidas.
  • Unidad del movimiento de mujeres con el movimiento obrero y popular para destruir el capitalismo patriarcal y construir una sociedad sin explotación ni opresión.

La pelea por la abolición de las redes de explotación sexual y de trata es la pelea contra ese conjunto de relaciones de opresión y explotación, es la pelea contra el Estado patriarcal y capitalista. Es una pelea que sólo puede dar el movimiento de mujeres organizado en las calles, con la alianza estratégica del moviendo obrero: ¡sin patrones que se queden con nuestro trabajo,  ni  proxenetas  que  se  adueñen  de  nuestros  cuerpos!

 

Abril 2014

 

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