Acerca de la ley Brisa y el Ni Una Menos
Por Romina Roja
El lunes pasado, y con una demora importante desde su sanción, se reglamentó la Ley N° 27.452, conocida como Ley Brisa, que establece un régimen de reparación económica para niños, niñas y adolescentes, hijos de mujeres víctimas de femicidio. Esta normativa obliga al Estado a reconocer a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de femicidio como víctimas colaterales o generacionales. Está inspirada en el caso de Brisa, una de las hijas de Daiana Barrionuevo, quien fue asesinada a golpes por su pareja, Ivan Rodríguez, en el año 2014 y que hoy tiene una condena a cadena perpetua. Sus hijos Elías, Tobías y Brisa quedaron a cargo de su abuelo.
El movimiento de mujeres en Argentina viene en alza desde el primer Ni una menos y se masificó tremendamente durante este año, alrededor de la pelea por el derecho al aborto legal. Gracias a esa lucha incansable, hoy sabemos que en nuestro país muere una mujer víctima de femicidio cada 30 horas. El uso del concepto de “femicidio”, tanto en los medios como en el ámbito judicial, también es una conquista de la lucha, que puso en el centro de la agenda social y política la violencia machista y patriarcal.
De ninguna manera podemos permitir que el gobierno de Macri use esta ley para lavarse las manos respecto a la responsabilidad que tienen sobre la falta de medidas reales para evitar la muerte de cientos de mujeres. Recordemos que se trata del mismo gobierno que desmanteló el funcionamiento de la Línea 144 de atención a víctimas de violencia de género, que canceló los programas de salud sexual y reproductiva; el mismo que acaba de convertir el Ministerio de Salud en una simple secretaría y que está en contra de la ESI (Educación Sexual Integral) en las escuelas. Es el macrismo quien, además, aplicó una reducción drástica en la distribución de anticonceptivos en los hospitales y que en el Senado -con el apoyo incondicional de la iglesia- negó el derecho al aborto legal seguro y gratuito; obligando a las mujeres pobres a morir en la clandestinidad. Hay que ser claros en esto: si la ley existe es porque el movimiento de mujeres la ganó a fuerza de organización y movilizaciones.
Carolina Stanley y Fabiana Tuñez -dos garantes de que la violencia hacia las mujeres siga existiendo- festejan esta ley. Eso representa una alerta y llama a analizarla un poco más a fondo. Uno de los requisitos que la norma exige para ser beneficiario de la reparación es que el femicida tenga una condena o procesamiento firme. Aquí se encuentra el primer escollo. La justicia, que se supone es la encargada de investigar y condenar a los femicidas, es una justicia de clase y patriarcal. Son los jueces quienes dejan libres a los femicidas y, en muchas ocasiones, se encargan de hacer una maniobra tras otra para impedir que los casos sean caratulados como femicidios. Entonces, esa cláusula deja afuera del beneficio a la enorme mayoría de los hijos e hijas de las víctimas.
Una segunda cuestión es el monto del beneficio, que se anuncia como “el equivalente a una jubilación mínima”. Pongámoslo más claro: se trata de $8000 mensuales. En un país donde el porcentaje de la inflación no para de subir, se acaba de firmar un nuevo acuerdo con el FMI y se pretende votar un presupuesto de miseria para el próximo año, es una estafa pretender que $8000 signifiquen algún tipo de reparación ¿Quién puede vivir dignamente con esa cantidad de dinero al mes?
Para defender esta conquista, ganar presupuesto para la misma y avanzar en otros derechos, es imprescindible profundizar la organización y mantener la movilización en las calles. Podemos ganar el derecho al aborto y la educación sexual. Para ello, las mujeres debemos aliarnos con todos los sectores en lucha y derrotar al gobierno de Macri.