Otoño, Marita, Florencia…

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Otoño, Marita, Florencia…

 

Otoño Uriarte era una adolescente de Río Negro, que desapareció el 23 de octubre de 2006, cuando iba hacia su casa. Desde ese momento no se supo nada de su paradero. Su padre denunciaba que la justicia tardó mucho en moverse. Recién seis meses después de la desaparición de Otoño la justicia reveló que había escuchas telefónicas ligando a un proxeneta de la zona con un comisario de Choele Choel. Además, hay firmes sospechas de que nada se hizo por investigar las relaciones entre policías y cabarés —más allá de su posible vinculación con el caso de Otoño— y que la jueza del caso, María del Carmen García, rechazó todas las ofertas de colaboración de organismos que investigan la trata de personas. El cuerpo de Otoño fue encontrado sin vida. Pero la lucha sigue, para castigar a los responsables, que según familiares y amigos de la joven están vinculados al gobierno de la provincia.

Florencia Pennachi, es una joven estudiante de Ciencias Económicas, que extrañamente despareció el 16 de marzo de 2005. No dejó una nota, no llamó a nadie, dejó todas sus cosas como si fuera a volver, se llevó su celular. Durante los primeros cuatro días los policías de la Comisaría 23ª no investigaron nada. Los allegados a Florencia sostienen: “Los amigos y familiares aseguramos desde un principio que Flor no se fue por propia voluntad, sin embargo la Justicia comenzó por desconfiar de la víctima”.

Marita Verón es una joven tucumana que hace cinco años, cuando tenía 23 años, desapareció también en circunstancias extrañas. Y nunca más se supo de ella. Marita tiene una hija de ocho años, tenía una carrera… y ningún motivo por el cual desaparecer así como así.

¿Qué tienen en común estas tres chicas? Las tres fueron secuestradas por las redes de prostitución y trata ilegal de mujeres. En Argentina todos los días desaparecen jóvenes que son secuestradas por estas mafias para esclavizarlas y explotarlas sexualmente.

En ninguno de estos tres casos las familias tienen razones para creer que las chicas se fueron por propia voluntad. Y en todos los casos la policía y la justicia han hecho toda clase de maniobras para hacerles creer a las familias que ellas se fueron por propia voluntad, investigando su vida como si ellas fueran culpables o responsables de algún delito. Menos aún han hecho por tocar o desmantelar alguna de estas redes. Es más, han hecho de todo para evitar que las familias encuentren a las chicas.

Lo cierto es que este tipo de redes sólo pueden funcionar con la complicidad de policías, jueces y funcionarios. La demostración viviente de ésto es La heroica madre de Marita, Susana Trimarco, con sus pocos recursos y por sus propios medios ha hecho mucho más que una caterva de comisarios, jueces y fiscales todos juntos; ya logró liberar a más de 100 chicas de las redes de trata de mujeres.

Otoño, Marita y Florencia son los nombres de las cientos de mujeres hoy esclavizadas, que no aparecen en los medios, pero que son buscadas por sus familiares.

En una nota aparecida en Clarín digital del 22 de abril de 2007, se dice que las leyes existentes tampoco castigan suficientemente a quienes se dedican a la explotación sexual. “En la Argentina existe el delito de ‘reducción a servidumbre’, que consiste en someter a alguien a la voluntad de otro. También está el de promoción de la prostitución, con escasísimas condenas y muchas sospechas de complicidad policial, e infracciones migratorias y laborales cuando el destino de la ‘mercancía’ es trabajo forzado a pan y agua hasta la extenuación o la muerte. Pero a pesar de la evidente existencia de bandas tan poderosas como silenciosas, no existe un delito de trata de personas, o sea que sancione el solo hecho de comerciar seres humanos. Los proyectos de ley (algunos con penas de hasta 20 años) están congelados en el Parlamento. Da la impresión de que este tipo de inseguridad, la brutalidad de la trata en sí misma, es una inseguridad de segundo orden”. (Clarín digital, 22 de abril de 2007)

Este drama que afecta a cientos de mujeres, muchas de ellas engañadas y atraídas por avisos de trabajo o son jóvenes de países limítrofes y de provincias del interior que llegan buscando un mejor futuro, son secuestradas en las grandes concentraciones de transporte o cuando se acercan a una supuesta entrevista laboral.

El gobierno, los jueces, la policía son cómplices y partícipes del negocio de la explotación sexual y la trata de mujeres.

No podemos confiar en el Parlamento que dio media sanción a una ley que obligaría a las víctimas mayores de edad a probar primero su inocencia, demostrando que no hubo concentimiento de su parte.

Debemos movilizarnos y acompañar la campaña por la aparición con vida de todas estas mujeres. Por ello, los días 3 de cada mes nos concentramos frente el Congreso para presionar por la búsqueda de estas mujeres y por el desmantelamiento de las redes, con la consigna

¡Las estamos buscando, las queremos con vida!